En un comunicado, emitido hoy, martes 5 de febrero del 2019, la Defensoría señala que la disposición de la Junta implica una regresión de derechos de los usuarios del sistema financiero, «contraria al principio constitucional de progresividad y afecta al derecho a la información».
La resolución establece que en los casos en los que el cliente pague el mínimo o menos de la cuota total de su consumo corriente, la tasa de interés se calculará desde el día de la compra, y no desde la fecha máxima de pago, como se hacía antes. La Defensoría, además, pide a la Superintendencia de Bancos que controle a las instituciones financieras públicas y privadas para que den cumplimiento al artículo 8 de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos.
Este artículo contempla el derecho de las personas a acceder a educación financiera que les permita comprender sus derechos y obligaciones y, de este modo, tomar decisiones informadas, y defender sus derechos, explica el comunicado.
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Además, según la Defensoría, la resolución de la Junta, que entró en vigencia en diciembre, no cumple lo establecido en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que señala el derecho a recibir información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa para ejercer el derecho a la libre elección.
Ayer, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Andrés Michelena, manifestó el Jefe de Estado, Lenín Moreno, pidió a la Junta que revise la medida, puesto que, según el funcionario, el Gobierno busca reducción de las tarifas de los servicios financieros y no su encarecimiento.
Fuente: El Comercio- Nota original: LINK
