Con la adhesión a este instrumento, el Estado ecuatoriano se compromete ante la comunidad internacional a implementar medidas y prácticas de vigilancia, así como el monitoreo y control necesario para asegurar la procedencia legal de los productos pesqueros que arriban a puertos nacionales.
De esta forma, se garantiza que la extracción y posterior comercialización de los recursos cumplan con los principios del Acuerdo. Durante el acto, realizado en Roma, el embajador Robelly enfatizó que ha sido una decisión aprobada por el poder legislativo de manera absoluta.
Corresponde a un acto indispensable y consciente por parte del gobierno, de preservar los recursos marinos y procurar que queden peces para las generaciones futuras, lo cual no sería posible sin medidas de control y combate como el AMERP.
John Preissing, representante de la FAO en Ecuador, también felicitó y agradeció a las autoridades nacionales por la importante decisión de unirse al combate internacional para la eliminación de la pesca ilegal. Señaló que es una clara muestra del compromiso del país de promover el desarrollo sostenible del sector pesquero; así como propiciar el mantenimiento de medios de vida de las comunidades costeras y el acceso a los mercados internacionales.
Ahora Ecuador iniciará el proceso de implementación del Acuerdo con el apoyo técnico de la FAO, bajo el liderazgo del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Industrias y Pesca, a través del Viceministerio de Acuacultura y Pesca; y en coordinación con otras instrucciones vinculadas a la gestión pesquera como la Armada, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Servicio Nacional de Aduana (Senae), la Asamblea Nacional y representantes del sector privado y de la sociedad civil.
El Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (PSMA, por sus siglas en inglés) –aprobado como Acuerdo de la FAO en 2009 tras años de esfuerzos diplomáticos– es el primer tratado internacional de carácter vinculante centrado específicamente en el problema de la pesca ilegal.
El AMERP, que requiere que los puertos internacionales realicen inspecciones regulares de los buques pesqueros y que nieguen los servicios portuarios a los buques infractores, entró en vigor en junio de 2016 después de que más de 25 países -desde Cuba y Estados Unidos hasta Mozambique y la Unión Europea en nombre de sus 28 miembros – depositaran sus instrumentos de adhesión.
Fuente: El Telégrafo – Nota Original: LINK
