Hasta el momento se han establecido responsabilidades administrativas por más de $ 1 millón, glosas por $ 88 millones y la destitución de 60 funcionarios.
Además, se remitieron a la Fiscalía 9 informes con indicios de responsabilidad penal. En uno de los exámenes especiales se detectó descuentos en las nóminas sin autorización de los empleados, fondos que fueron hacia el movimiento Alianza PAIS.
«Todos estos elementos sancionatorios se derivan de manera diferenciada de cada una de las 19 acciones concluidas hasta el momento«, apuntó el contralor Pablo Celi.
Añadió que, una vez concluidos los exámenes aún en proceso, la Contraloría juzgará, de ser el caso, responsabilidades adicionales.
Fuente: El Telégrafo – Nota original: LINK
