Los problemas en la construcción del Hospital de Pedernales y la captura de tres funcionarios del Servicio de Contratación de Obras (Secob) hicieron que los agentes iniciaran investigaciones a la adjudicación de otras obras en Manabí.
Los primeros rastreos apuntan a la construcción de los hospitales de Bahía, de Pedernales y de Chone. Además, están las reconstrucciones de la Unidad Educativa de Cojimíes y de una subestación de energía eléctrica en Calceta.
Las indagaciones señalan que en esas obras actuaron los hoy detenidos. La Fiscalía afirma que los sospechosos tuvieron un “rol específico” dentro de una estructura delictiva, que involucra al asambleísta Daniel Mendoza.
Según los datos levantados, el objetivo era “beneficiarse económicamente de las obras públicas”. En la lista de los procesados e investigados por presunta delincuencia organizada está René Tamayo, quien hasta el día de la captura (5 de junio) ocupaba la Gerencia del Secob.
También aparecen los coordinadores zonales que él nombró para Manabí y Guayas. El subdirector, en cambio, se encuentra prófugo y contra él existe una orden de captura. Los agentes tienen datos de las comunicaciones interceptadas con órdenes judiciales.
Diario El Comercio revisó ese material y allí se ve que había contactos entre funcionarios del Secob, contratistas de Manabí y personal de la Asamblea. Hablan de contratos, de facilidades para la adjudicación, etc. Actuaron bajo un alias.
Por ejemplo, una funcionaria que está señalada en el caso del Hospital de Pedernales era identificada con el alias de ‘Ingeniero Roberto Cobeña’. Los agentes dicen que así despistaban las acciones que se ejecutaban de forma ilegal.
El representante del Consorcio Pedernales-Manabí, también imputado por lavado, dice que ella es su “contacto”. Para la Fiscalía, el rol de alias ‘Ingeniero Roberto Cobeña’ era asegurar la adjudicación del Hospital de Pedernales al consorcio, pese a que “no cumplía los requisitos fijados”.
Sobre esa persona, la Fiscalía también asegura lo siguiente: “No solo habría facilitado la adjudicación del contrato de Pedernales sino de otros, en una cantidad previsible de USD 30 millones, pues por su función como coordinadora zonal podía cumplir esos fines”.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la defensa de la procesada dijo que las competencias de su clienta eran organizar, planificar y administrar los contratos de Manabí y sostuvo que en esas actividades no hubo actos ilícitos.
En el expediente se indica que las acciones perpetradas por los funcionarios habrían configurado otros delitos, como concusión, tráfico de influencias, peculado y cohecho.
Sobre el gerente Tamayo y el subdirector prófugo, las evidencias apuntan a pagos ilícitos. Así consta en un archivo que los peritos obtuvieron de las computadoras incautadas en el Consorcio Pedernales-Manabí.
La Fiscalía explicó que la compañía llevaba una contabilidad de las “comisiones ilícitas” que entregaba por el Hospital de Pedernales. Los valores van desde USD 80 000 hasta 360 000.
En los documentos se indica que este último monto habría sido asignado “para los asambleístas”. Dentro de las comunicaciones intervenidas, el subdirector prófugo aparece en una conversación entre el contratista del Hospital de Pedernales y un empresario identificado con el alias de ‘Banquero’, con quien el asambleísta Mendoza y su asesor mantenían contacto telefónico.
Ellos indican que él (el subdirector) “no miente” y que “es certero”. Alias ‘Banquero’ está vinculado con la coordinadora zonal de Manabí, pues fue administradora del contrato para la edificación de Hospital de Bahía. Y fiscalizó ese proyecto.
Para la defensa de Tamayo, las acusaciones de la Fiscalía no tienen sustento. Dice que él es mencionado por terceras personas y que no existen evidencias de irregularidades.
La Fiscalía sostiene que Tamayo tuvo un “especial interés” en la casa de salud de Pedernales. La fiscal Diana Salazar dice que en la primera adjudicación, la constructora que ganó la obra presentó garantías bancarias falsas por USD 8 millones.
“Al ser descubierto, (Tamayo) concede un plazo adicional no contemplado en la Ley para que la empresa justifique lo que era un ilícito; incluso amenaza con despedir a una subalterna que alertó de esta anomalía”.
Fuente: El Comercio-Nota original: LINK
