Esta acción de control del SRI fue informada a la Comisión de Salud de la Asamblea, durante la comparecencia del subdirector de Cumplimiento Tributario del Servicio de Rentas Internas, José Almeida.
En términos generales, al 1 de junio de 2020 existen alrededor de 157 000 contribuyentes registrados que tienen alguna condición de discapacidad; de ese número se tiene que 99 000 contribuyentes se han acogido en un año a alguno de los beneficios, como exoneración en el pago de impuestos y rebajas por servicios.
Lo que pretende el SRI es contar con la certificación de la existencia o no de la condición de discapacidad, antes de aplicar cualquier proceso de recuperación de valores por emisión fraudulenta de carnés de discapacidad.
Ante los legisladores, el funcionario resaltó que en el 2018 se detectó un inusual incremento de petitorios en la devolución del IVA, razón por la cual en el 2020 se incluyó un tope de $96 para los casos de devolución de ese impuesto a los bienes y servicios de primera necesidad.
Como beneficios tributarios para las personas con discapacidad constan la devolución del IVA por bienes y servicios de primera necesidad; rebajas en el pago de matrículas de vehículos e impuestos para adquisición de vehículos nacionales. Además, la exoneración del impuesto a la renta.
Con base en la información que remita el Ministerio de Salud, el SRI iniciará acciones de control; para el caso de exoneraciones sobre impuestos por compra de vehículos con carnés fraudulentos entrarían con recursos de revisión y si no cumplen las condiciones de discapacidad, se iniciará el procedimiento coactivo o de cobro para la recuperación de los valores indebidos.
Almeida indicó que para quienes se acogieron a reducciones del impuesto a la renta y no se confirma su condición de discapacidad se procederá a la recuperación de los valores exonerados a los cuales se incluirán intereses, multas y recargos.
El delegado del SRI dijo a los legisladores que el uso indebido de los beneficios de exoneración se llama defraudación tributaria y es un delito penado con cinco a siete años de prisión; por lo tanto, apenas llegue la información del Ministerio de Salud se procederá judicialmente con los procesos.
Por lo tanto, el cruce de información con el Ministerio de Salud permitirá determinar si el incremento corresponde al uso indebido del beneficio o que cada vez más el ciudadano conoce el derecho que tiene.
Almeida explicó que es el Ministerio de Salud la entidad encargada de registrar la discapacidad de una persona y que el SRI no es competente para revisar la discapacidad de un ciudadano; por lo tanto, es necesario obtener la información desde la base fuente sobre si hubo o no casos de ciudadanos que obtuvieron su carné de discapacidad de manera irregular y se beneficiaron de exoneraciones tributarias.
En relación con el registro de los vehículos importados que habrían obtenido rebajas o exoneraciones, indicó que como es un proceso de nacionalización la competencia está en el Servicio Nacional de Aduanas.
Nota Original: El Universo – LINK
