La agrupación lanzó al binomio conformado por el economista Andrés Arauz y el expresidente Rafael Correa, quien enfrenta varios procesos judiciales e incluso uno con sentencia emitida como el Caso Sobornos 2012-2016 en el que fue declarado culpable de cohecho en primera y segunda instancia; y tiene una pena de 8 años de prisión sobre la que se ha planteado un recurso de casación (revisión).
Ante la proclamación hubo reacciones, una de ellas del aspirante a asambleísta por el movimiento Concertación Fernando Villavicencio.
«El cabecilla de la organización criminal está listo para cumplir su condena de 8 años. Los delincuentes de cuello blanco no deben constar en las papeletas electorales», manifestó el activista político.
Sin embargo, el del exmandatario no es el único caso.
En la lista de Centro Democrático aparecen varios aspirantes a asambleístas que también enfrentan o enfrentaron procesos judiciales.
Uno de ellos es Pablo Romero, exsecretario nacional de Inteligencia (Senain), quien será candidato para asambleísta nacional; y tiene una sentencia de 9 años dictada el 14 de agosto pasado por el plagio del activista político Fernando Balda.
Romero fue extraditado desde España en febrero pasado y está recluido.
El domingo, en su cuenta de Twitter, Correa, quien también es procesado por el caso Balda, defendió la candidatura del antes Senain: «Pablo Romero no tiene sentencia en firme, y es otra de las víctimas de persecución», sostuvo el expresidente.
En tanto, Balda, quien declinó a una precandidatura presidencial, también reaccionó.
«Lo dijimos hace tiempo, el principal objetivo de Correa y sus secuaces en estas elecciones es intentar ganar para generarse impunidad y poder seguir robando», escribió en Twitter.
Juan Carlos Perea, abogado de Romero, aseguró que su cliente al igual que todos los ciudadanos ecuatorianos está ejerciendo su derecho a ser elegido.
«Él está sentenciado de forma errada, y esa sentencia no está en firme, no está ejecutoriada, por ende sigue intacta su inocencia», sostuvo Perea, quien aseguró que el proceso legal en contra de Romero quedaría suspendido hasta la proclamación de los resultados de las elecciones del 2021 como dicta el Código de la Democracia.
Sobre cómo su cliente inscribirá su candidatura, Perea adelantó que sería de manera telemática y advierte con una acción de protección si las autoridades no lo permiten.
«Superado este paso, es decir ya inscrito, se pedirá a la máxima autoridad que le permitan hacer campaña y vivir la época de elecciones de la misma forma que sus contendores (similares) si esto no se permite, se ejercerá una acción de protección», expresó Perea.
Mientras, entre los otros candidatos que enfrentaron procesos está la exlegisladora correísta Sofía Espín, quien fue procesada por el delito de fraude procesal en el grado de tentativa, aunque en enero pasado la Fiscalía emitió un dictamen abstentivo a favor de la exasambleísta, quien perdió su curul por destitución en noviembre del 2018 con 94 votos afirmativos, 31 negativos y 7 abstenciones.
Espín conforma la lista de precandidatos para asambleístas por la provincia del Guayas, al igual que la exalcaldesa de Durán Alexandra Arce, quien fue detenida el 13 de octubre del 2019 por supuesto delito de asociación ilícita relacionado con las manifestaciones por el paro nacional.
El 31 de octubre de ese año se atendió un pedido de revisión de medidas cautelares solicitado por la defensa de Arce, y se levantó la prisión preventiva y se dispuso medidas alternativas como presentación ante la autoridad y prohibición de salida del país, las que quedaron sin efecto el 6 de julio pasado cuando se dictó el sobreseimiento tras un dictamen abstentivo a favor de la exalcaldesa, quien también reaccionó por su precandidatura.
«La revolución tiene rostro de mujer. Resurgiremos como el ave fénix, nos dejan un país en ruinas, va a costar mucho levantarnos, pero lo lograremos con el binomio de la esperanza», escribió Arce.
Mientras que el exasambleísta Virgilio Hernández también consta como precandidato, pero para el Parlamento Andino.
Hernández enfrenta junto a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, un proceso por rebelión por los hechos ocurridos en octubre del 2019. El 21 de agosto pasado se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
Nota Original: El Universo – LINK
