«La jubilación de los policías está garantizada, porque existe una ley que le obliga al Estado a garantizar el pago de todo lo que se adeude por estos conceptos (…) Llegado el momento, si es que este dinero no se recupera, la sociedad ecuatoriana, el gobierno, el Estado va a tener que obtener los recursos necesarios para recuperar estas inversiones. No solamente se puede haber perjudicado a la Policía, sino a toda la sociedad ecuatoriana, el momento en que nos corresponda compensar ese dinero», dijo Romo.
Este anuncio lo dio la ministra luego de explicar los últimos hallazgos del Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional en las investigaciones sobre las irregularidades encontradas en las inversiones realizadas por el Isspol.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo ratificó la intervención del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) por parte de la Superintedencia de Compañías por dos operaciones que probablemente suman una estafa de $532 millones a los fondos de jubilación y pensiones del Isspol.
Las operaciones fueron realizadas en los años 2014, 2015 y 2016 y tienen tres cosas en común: son operaciones swap, fueron realizada por Jorge Chérrez Miño, quien es el representante legal de ambas empresas domiciliadas en Panamá, y son custodiadas por Decevale, que se convierte en el custodio de la contraparte, la compensación que tenía que recibir la Policía Nacional.
En estas operaciones, el Isspol se compromete con una empresa privada a intercambiar bonos de deuda ecuatoriana que estaban en poder del Instituto y. a cambio, esta empresa le entregaba al Isspol otro tipo de documentos.
En la primera operación, el Isspol entrega $327 millones a una empresa y esta empresa le garantiza que esos bonos iban a ser compensados con notas globales sobre bonos de deuda ecuatoriana.
La segunda operación se da en el transcurso de esos tres años y en pequeñas cantidades que, en total, suman $205 millones por la compra de bonos de deuda ecuatoriana.
Así, el Isspol compra bonos de deuda ecuatoriana, pero no al Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, sino a una empresa privada con un pacto de recompra y a valor nominal.
«Investigamos estas operaciones pero, sobre todo, le ponemos fin a este mecanismo en el que aparentemente las operaciones se desarrollaban con normalidad y cuando llegaba el día del vencimiento, le volvían a entregar al Isspol más papeles que tampoco se encuentran en poder del Isspol, sino que decían: le pago y va a estar custodiado por Decevale. Con los cambios realizados en esta administración se les informa que no se seguirán recibiendo papeles en pago y se deberán cumplir con las obligaciones de entregarle dinero al Isspol como rendimiento de sus inversiones y ahí las cosas se agravan, empiezan a preocuparse y ya caen en mora, están vencidos los pagos por más de $100 millones en este momento», explicó Romo.
Durante la investigación, Decevale respondió con evasivas, luego dijo que tiene bonos, luego que no tiene bonos, sino notas globales y luego dejó de responder al Isspol, que pide a la Superintendencia de Compañías que intervenga Decevale y la entidad de control lo hace un mes después, este viernes 18 de septiembre.
Nota Original: El Universo – LINK
