La emisión del Decreto 883 que eliminó los subsidios a los combustibles desató una jornada de violentas movilizaciones que se concentraron en Quito, pero que paralizaron al país por once días. Entre el 2 y el 13 de octubre.
Como consecuencia de los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, según el Ministerio de Salud, hubo 1.508 personas heridas, de las que 458 eran policías. Diez personas perdieron un ojo. Pero en el reporte de fallecidos es que persisten las contradicciones.
El Ministerio de Gobierno reseña las muertes de Ángel Chilpe en Cuenca, Marco Otto en Quito, Gabriel Angulo (Durán), Inocencio Tucumbi (Quito), José Daniel Chaluisa (Quito), Abelardo Vega (Quito), Silvia Mera (Quito), Édgar Yucailla (Quito), Édison Mosquera (Quito).
Estos se contraponen con los de la Defensoría del Pueblo.
En el expediente de la Comisión Multipartidista que se conformó en la Asamblea Nacional se menciona la muerte de once personas.
Ante la Comisión, el defensor Freddy Carrión habló de once muertos, pero en su informe escrito se enumeraban ocho.
Chilpe, Otto, José Daniel Chaluisa, Tucumbi, José Rodrigo Chaluisa, Vega, Mera y Mosquera. Se incluía a Yucailla, Angulo y Edwin Bolaños.
Este reporte fue recogido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reconoció once fallecidos.
Había dudas alrededor de las muertes de José Rodrigo Chaluisa y Bolaños. El Estado informó a la CIDH que estas dos personas no aparecían en los sistemas de Actuaciones Fiscales ni como presuntas desapariciones forzadas.
No obstante, la Comisión en su visita al país –entre el 28 y 30 de octubre del 2019– accedió a un testimonio de un hermano de Bolaños, quien les informó que falleció el 18 de octubre por impacto de un proyectil el 11 de octubre.
Sobre Rodrigo Chaluisa, la Conaie les confirmó que era un dirigente de Yanahúrco (Cotopaxi), que murió en las inmediaciones de El Arbolito por asfixia y arrollamiento.
El ministerio indicó que no logró encontrar el nombre de esa persona y que podría tratarse de un nombre repetido, pues coincidía con el de uno de los fallecidos en el sector de San Roque.
Desde la Conaie se habló de nueve fallecidos que coinciden con los registros del ministerio, excepto sobre José Rodrigo Chaluisa y Yucailla.
En esa contradicción, y al cumplirse un año de estos hechos, los casos se encuentran en etapa de investigación o instrucción fiscal, de acuerdo con el ministerio.
Como parte de sus indagaciones internas, se han abierto más de 20 investigaciones administrativas, aunque no se conoce por qué causas o los involucrados.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo instituyó una Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, integrada por Juan Cueva Ortega, Sybel Martínez, Juan Carlos Solines y Xavier Zavala Egas, que ofreció una investigación para marzo pasado.
Seis meses después, se prevé publicarlo en los próximos días. En la recolección de información se han realizado 300 entrevistas a manifestantes, personas heridas, familiares de fallecidos y detenidos.
Su propósito es que sus conclusiones sirvan de “noticia criminal” a la Fiscalía para que se investiguen “presuntas graves violaciones de derechos humanos”, expresó Martínez en un comunicado.
La muerte de Tucumbi el 9 de octubre levantó la indignación de las bases indígenas, y en su nombre crearon la Asociación de Víctimas del Paro Nacional Inocencio Tucumbi, con la que impulsarán una demanda por lesa humanidad en contra del Estado. La presentarán en la Fiscalía el 12 de octubre, con una marcha hacia la capital.
Su representante legal, Carlos Poveda, lo anunció, al considerar que hubo una “respuesta desproporcionada a una movilización, con afectaciones a zonas de paz, a mujeres y niños”.
Reprochó a la Fiscalía por tener una “óptica doble”. “Ágil” para investigar a los dirigentes indígenas, Jaime Vargas, presidente de la Conaie, y Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino (MICC), por terrorismo, paralización de servicios públicos, delitos de odio. Pero sobre las “11 muertes y 40 heridos”, que cobijan en su defensa, “no hay resultados”, reclamó.
En su denuncia incluirán a las autoridades estatales, entre ellas, al contralor del Estado, Pablo Celi.
Según Poveda, en el expediente judicial por la quema del edificio de la Contraloría existiría una versión de un supuesto oficial de la Policía Nacional, quien habría dicho que Celi ordenó esa acción.
“Supuestamente, policías quemaron por órdenes de Celi el edificio de la Contraloría. Lo ha dicho un policía que está exiliado en un tercer país y esto está en el proceso. Esto se quiere esconder. Se quiere decir que los indígenas son los responsables, cuando hubo gente infiltrada de la Policía, de las Fuerzas Armadas y otros terceros”, recalcó el jurista.
La Conaie alista el 9 y 10 de octubre un acto de conmemoración.
En las redes sociales promocionan un video protagonizado por niños, quienes hacen una oda a las marchas con la frase “Octubre rebelde, sigue presente”. Ahí convocan a un encuentro en San Isidro en Pujilí (Cotopaxi) “para gritarle al Gobierno que la lucha va porque va”.
El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional alertó que el Código de la Niñez y Adolescencia prohíbe la utilización de niños en actos de proselitismo político. E instan a que no usen sus imágenes o sus voces para exponerlos en la participación de movilizaciones.
La organización internacional Human Right Watch (HRW) en pronunciamiento de su director, Miguel Vivanco, exhorta al Estado ecuatoriano a “aprender de los serios abusos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad y los graves hechos de violencia de los manifestantes”.
Reconoce las limitaciones por la crisis sanitaria por el COVID-19, pero el “Gobierno debe hacer esfuerzos para que avancen las investigaciones”. “Que todos los responsables por abusos cometidos rindan cuentas ante la justicia es indispensable para disuadir futuros abusos policiales como delitos por manifestantes”, añadió Vivanco en su declaración del 6 de abril último.
Nota Original: El Universo – LINK
