Peña recordó que la Constitución, en su artículo 131, obliga a los ministros y otras autoridades de alto rango a ser interpeladas por el Parlamento hasta un año después de haber dejado el cargo.
«Claramente la Constitución dice que podrán ser enjuiciados hasta un año de haber estado en sus funciones, (pero) que obviamente no es lo mismo, y sí preocupa porque no tiene mucho sentido un juicio político para alguien que ya renunció; el juicio político es para precautelar la administración de la cartera de estado, en esta caso de Finanzas», dijo.
Martínez acumuló en el último año cinco pedidos de juicio político de distintas bancadas, entre otras causas, por la falta de entrega de recursos a universidades, escuelas, hospitales, municipios, en medio de la crisis. Además, por el manejo de la deuda externa.
Peña explicó que estas solicitudes aún no llegan para su trámite a la Comisión de Fiscalización, sino que reposan en la Presidencia de la Asamblea, pese a que fueron calificadas por el CAL el 21 de septiembre pasado. Para el trámite, explicó, «no hay nada que nos impida que podamos unificarlos».
Agregó que antes de tomar una decisión se escuchará a los interpelados. «El tema de la sustanciación de un proceso de juicio político para la Comisión de Fiscalización está claramente establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así que no podría demorar más de unos 25 días», sostuvo.
Añadió que se garantizará el debido proceso y el derecho a la defensa para Martínez, quien podrá defenderse vía telemática, sin importar el lugar en donde se encuentre.
De hecho, así lo hizo la excanciller, María Fernanda Espinosa, desde la Presidencia de la Asamblea General de la ONU. La Comisión también deberá tramitar otro pedido de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por la actuación de la Policía en las protestas de octubre pasado, que también fue calificado por el CAL en septiembre.
El domingo pasado la Comisión aprobó un informe que recomienda al Pleno la censura y destitución del presidente del Consejo de Participación, Christian Cruz, por supuesto incumplimiento de funciones. Según anunció el presidente de la Asamblea, César Litardo, el tema se resolverá la próxima semana.
Nota Original: El Comercio – LINK
