El articulado del informe aprobado la tarde de este lunes 26 de octubre señala que el procedimiento para la deportación será administrativo.
Sin embargo, Esther Cuesta (RC) insistió a la mesa que el procedimiento debería ser judicial para que esa una autoridad imparcial la que decida sobre la deportación y no el Ministerio de Gobierno que, en estos casos, resultaría juez y parte.
«La deportación es la última instancia en un proceso de movilidad humana, es un tema que tiene que ver con derechos humanos de la movilidad humana. propongo que se considere el cambio de proceso administrativo a un proceso judicial con un debido proceso en este caso», dijo Cuesta.
Pero el presidente de la Comisión, Fernando Flores (CREO) respondió que, a veces, los procesos judiciales son más largos y tediosos para cuando se tiene que tomar una decisión y, por ello, es preferible procesos expeditos, administrativos, siempre resguardando los derechos humanos de los migrantes y de nuestros compatriotas, y luego, antes de llamar a votación y ante la insistencia de Cuesta, agregó que dejará el tema del procedimiento administrativo para que se debata en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Finalmente, los tres correístas: Cuesta, Joffre Poma y Lexi Loor se abstuvieron de votar por el informe. Cuesta agregó: «no respeta los derechos humanos de las personas en movilidad humana».
Este proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana tiene 104 artículos, es el acumulado de trece proyectos de ley presentados, uno de estos de iniciativa de la Función Ejecutiva y aborda otros temas como menaje de migrantes retornados, regulación de migración ilegal, pasaportes diplomáticos y otros.
El 30 de julio del año pasado, la ministra de Gobierno, María Paula Romo y el excaciller José Valencia entregaron al presidente de la Asamblea, César Litardo el proyecto que tenía como uno de los principales objetivos reducir el tiempo del proceso de deportación de extranjeros que violen la Ley que, con la Ley vigente, dura entre seis y ocho meses.
En esa ocasión, romo reveló que hasta junio del 2019 en el país había 128 ciudadanos venezolanos sentenciados en el sistema penitenciario en el Ecuador, y si se compara eso con más de 30 mil sentenciados del total, el porcentaje no es el que explica todo el fenómeno; pero el mensaje es que todo extranjero en el país debe cumplir con la Ley.
Uno de los hechos previos a la presentación de este proyecto fue el asesinato de una mujer embarazada en las calles de Ibarra, provincial de Imbabura, en enero del 2019.
Nota Original: El Universo – LINK
