De hecho, las profundas diferencias entre Trump y Biden sobre cómo conducir las relaciones exteriores de la mayor potencia global emergen con claridad en sus propuestas para la región.
Mientras que Trump prioriza casi en exclusiva cortar la migración de Latinoamérica hacia EE.UU., Biden plantea aumentar la cooperación continental en problemas que causan ese éxodo en la región, como la violencia y la pobreza.
El candidato demócrata plantea además elevar la importancia de otros asuntos en la agenda hemisférica, incluidos los derechos humanos, el medioambiente y la corrupción, lo que pondría a prueba el vínculo de Washington con países como México o Brasil, según expertos.
Y si bien se espera que la crisis de Venezuela siga siendo un tema caliente, Biden podría cambiar la estrategia de Trump para lograr elecciones en ese país.
Muchos prevén que una política de Biden para América Latina se parecería más a la que primó durante el gobierno de Barack Obama entre 2009 y 2017, cuando él fue vicepresidente con un rol de articulador hacia el sur del río Bravo.
Pero algunos advierten que incluso aquel antecedente es relativo.
«2020 no es 2008 ni 2012: la región ha cambiado… Volver a lo de Obama no es posible, porque las condiciones no son las mismas», dice Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington, a BBC Mundo.
Viejas y nuevas prioridades
En la relación de su gobierno con América Latina, Trump destaca como grandes logros sus acuerdos con México y países centroamericanos para que contengan a migrantes en sus territorios.
«Forjamos alianzas históricas con México, Guatemala, Honduras y El Salvador para detener el tráfico de personas», dijo Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre.
Pero los pactos afectan entre otros a aspirantes de asilo en EE.UU. y el presidente llegó a esos acuerdos a base de amenazas de castigos económicos o comerciales a los países involucrados.
Si bien es previsible que en un segundo mandato Trump vele por su cumplimiento, ha surgido incertidumbre sobre la continuidad de sus políticas migratorias aún si fuera reelecto.
La Corte Suprema de Justicia decidió este lunes revisar el programa que obligó a decenas de miles de solicitantes de asilo en EE.UU. a esperar en México mientras se procesan sus pedidos.
El máximo tribunal también analizará la decisión de la Casa Blanca de destinar US$2.500 millones del Pentágono a la construcción de un muro en la frontera sur del país, una de las grandes promesas de Trump en la campaña de 2016.
Se espera que el Supremo procese ambos casos recién el año próximo.
Por su parte, Biden se opone a seguir con la construcción del muro y ha prometido restaurar el papel de EE.UU. «como lugar seguro para refugiados y solicitantes de asilo».
Pero algunos advierten que un gobierno de Biden debería ser cauto para evitar que migrantes de la región interpreten que las fronteras de EE.UU. se abren.
«Eso sería un desastre, tanto político como humanitario», señala Cynthia Arnson, directora del programa América Latina del Centro Wilson, un foro para temas globales en Washington.
Biden, quien ha buscado distanciarse del alto número de deportaciones del gobierno de Obama, impulsó como vicepresidente en 2015 un plan de asistencia para Centroamérica tras la llegada de miles de menores sin acompañantes a la frontera entre EE.UU. y México.
Nota Original: El Universo – LINK
