Esa es la respuesta que desde la clandestinidad y mediante un video entregó el exasambleísta por Sucumbíos, Eliseo Azuero, a la información que dio, el miércoles último, el abogado Harrison Salcedo, quien dijo que el exlegislador había solicitado a la Fiscalía el acogerse al procedimiento abreviado en el caso en que se lo investiga por una delincuencia organizada relacionado al proyecto de construcción del hospital de Pedernales.
Desde que Azuero fue vinculado al caso por delincuencia organizada existe contra él una orden de prisión preventiva, la cual no ha sido cumplida y es por ello que la justicia lo ve como un prófugo.
«La decisión adoptada de tomar un procedimiento abreviado en un caso emblemático como es el del reparto de los hospitales obedece a una estrategia más política que jurídica. (…) Considero que someterse a un procedimiento abreviado y buscar una pena mínima podría ser una estrategia de autoprotección o de salvaguarda de que una condena mayor injusta no sea aplicable «, explicó Salcedo.
Inmediatamente Daniel Morales, abogado que representó a Azuero en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se realizó el martes último en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), negó que se había dado ese pedido y aclaró que continuarán defendiéndose, dentro del proceso, de las acusaciones que se hacen desde la Fiscalía.
Azuero fue acusado de ser el autor del delito de delincuencia organizada tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), inciso primero, pues es visto por la Fiscalía como otro de los líderes de la «organización criminal» investigada.
La fiscal general Diana Saazar también negó públicamente que haya recibido un pedido de ese tipo de parte de la defensa de Azuero. Recordó que ya concluyó la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio y explicó que uno de los requisitos establecidos por nuestra legislación es que este procedimiento abreviado se puede llevar a cabo hasta antes de esa audiencia, por lo tanto, los abogados, señaló, deberían analizar si es extemporáneo o no.
Salazar emitió el martes último un dictamen acusatorio y pidió al juez Marco Rodríguez, de la CNJ, llame a juicio a Azuero; al exsubdirector técnico del Servicio de Contratación (Secob), Jorge Jalil, a Pablo Cruz, Dany Calderón, Miguel Ganchozo, José Párraga y Danilo Véliz.
Ellos son los siete procesados que no se acogieron al procedimiento abreviado, ni firmaron un acuerdo de cooperación eficaz con Fiscalía, ya que se dicen inocentes, y llegaron a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se instaló ayer en la CNJ. Inicialmente eran 19 los procesados en esta causa, pero al momento solo siete siguen siendo procesados.
El lunes último se sentenció luego de una audiencia de procedimiento abreviado al también exasambleísta Daniel Mendoza a cuatro años y dos meses de cárcel; a 34 meses de prisión al exasesor de este, Jean Benavides; al exdirector del Secob, René Tamayo; al representante del Consorcio Pedernales-Manabí, José Véliz; y a Franklin Calderón, alias «Banquero»; y a 40 meses de privación de libertad a Jennifer Cobeña, expresidenta de la Comisión Técnica de Calificación del Secob; a su excompañero de Comisión, Ángel Andrade; y al exfuncionario público, José Santos.
Salazar dio un dictamen abstentivo a favor de los también procesados Tannia Saltos, Olga Macías, Esteban Velásquez y Mario Ordoñez. y el juez Rodríguez los sobreseyó, es decir, ratificó su inocencia.
Para Azuero es posible que en el afán de alcanzar la colaboración eficaz ciertas personas se pusieron de acuerdo para incriminarlo. «Una vez más sostengo mi inocencia y pido mi derecho a la réplica para que se haga conocer a los ecuatorianos por la difícil situación que estoy pasando debido a una falsa imputación de quienes a algunos de ellos ni siquiera conozco».
El juez Marco Rodríguez al momento se encuentra en fase de deliberación y convocó a las partes procesales en este caso para dar a conocer si llama o no a juicio a quienes fueron acusados como autores del delito por la Fiscalía.
Nota Original: El Universo – LINK
