La propuesta pasará a conocimiento del pleno en esta misma semana, pues estos cambios al COIP para sancionar la corrupción en el manejo de los fondos públicos, forman parte de los compromisos a los que llegó el gobierno con los organismos multilaterales de crédito.
Con las reformas se crean cuatro nuevos tipos penales para combatir la corrupción: elusión de procedimientos de contratación pública; sobreprecios en contratación pública; actos de corrupción en el sector privado; y, obstrucción a la justicia.
Además reforma cinco delitos actualmente vigentes como el peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias.
Se establece como sanción el máximo de la pena contemplada para cada uno de esos delitos, cuando sean cometidos aprovechándose de una declaratoria de emergencia.
Se incluye como inhabilidad para contratar con el Estado a los sentenciados por los nuevos delitos que se crean en esta reforma al COIP; es decir, la elusión de procedimientos de contratación pública; sobre precios en la contratación pública; y, actos de corrupción en el sector privado.
En el caso del tipo penal denominado obstrucción de la justicia, según lo aprobado por la Comisión de Justicia, se sanciona a todo aquel que mediante el uso de la fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido, en procesos derivados de delitos en contratación pública: impida la prestación de testimonio o la aportación de prueba, o induzca a una personas a prestar falso testimonio. La pena privativa de libertad será de tres a siete años.
Se incorpora por primera vez el concepto de beneficio inmaterial dentro de los delitos de cohecho, concusión y oferta de realizar tráfico de influencias.
El presidente de la Comisión de Justicia, José Serrano, aclaró que no por un requerimiento de un organismo internacional el Ecuador tiene que someter sus reformas simplemente para cumplir un requisito o quedar bien con esas instancias, pues lo fundamental es que estas reformas engloban aspectos en los que hay vacíos en la lucha contra la corrupción en materia penal.
De nada serviría el sacar un «mamotreto de Ley», añadió Serrano, que no vaya al servicio de la institucionalidad del país; por lo tanto, la Comisión de Justicia realiza un trabajo disciplinado y por ello, por unanimidad de once legisladores presentes se aprobó el informe para primer debate, que según diálogos con el Presidente de la Asamblea iría al pleno en esta misma semana.
Nota Original: El Universo – LINK
