El concurso público arrancó el 8 de julio pasado y enfrenta hoy por hoy críticas, por anuncios de cambios en el cronograma del proceso debido a problemas técnicos (un recalentamiento) en el Data Center de la Función Judicial, por el envío errado de puntajes a los postulantes en la etapa de méritos, … e incluso, ante la existencia de observaciones de la Veeduría Ciudadana que vigila la postulación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) instó al CJ para que «considere declarar la nulidad parcial o total del concurso».
Actualmente el proceso de selección se encuentra en la fase de oposición, una vez que se dieron las pruebas y entrevistas psicológicas, que no tienen puntuación, y los integrantes del Comité Especializado de Catedráticos empezaron la elaboración del banco de preguntas para las pruebas teóricas que rendirán 95 de los 100 postulantes que siguen en carrera. Sobre 35 puntos se califica a la prueba teórica.
La presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, decía que la especialidad garantizará celeridad en el trámite de las causas, sentencias más motivadas y la eficiencia y excelencia de la Función Judicial. De lo Administrativo, Laboral, Penal y afines, Civil y afines y Tributario son las salas especializadas de la CNJ en las que se renovarán jueces y por las que se hicieron postulaciones.
Entre el 10 y el 21 de noviembre últimos, el pleno del CJ completó el proceso de entrega de calificaciones finales de la fase de méritos, que incluyó la recalificación a 71 carpetas de postulantes que solicitaban se revisen los documentos con los méritos por su formación profesional y experiencia laboral que presentaron de acuerdo con la materia de especialización por la que concursan.
La revisión de los méritos de los 95 postulantes que siguen en el concurso dejó solo una calificación (la de Gilda Morales, quien postuló a la Sala de lo Tributario) de 21 puntos, de los 25 que estaban en juego. Entre 8 y 13 puntos es el promedio de calificaciones generales en esta fase, siendo la materia Penal la que tuvo los dos puntajes menores: 0,77 y 1,5 sobre 25, incluso luego de la recalificación.
El vocal del CJ Juan José Morillo resalta que en concursos anteriores «cualquier certificado tenía puntuación» y ahora se plantean condiciones de exigencia para que los postulantes demuestren la mayor especialidad. Según él, todo el concurso se ha desarrollado desde una perspectiva diferenciada para cada especialidad, desde la presentación de carpetas, la conformación de Comités y la valoración diferenciada por cada área.
Al ser consultado sobre si observaron que existió alguna equivocación de parte de los postulantes al momento de presentar su méritos tomando en cuenta la especialización y eso influyó en que no obtuvieron puntajes mayores, Morillo explica que la mayoría de los postulantes presentaron documentos que no cumplían requisitos exigidos por el reglamento, así como presentaron certificados de méritos de áreas distintas al área a la que habían postulado.
«Ello demuestra la formación multidisciplinaria de los abogados, pero no garantiza una formación estrictamente especializada por área jurídica del conocimiento a la que postuló», apuntó Morillo.
Una visión distinta de lo que ocurrió en la valoración de méritos académicos, de formación, experiencia,… la tiene la actual jueza de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Ivonne Núñez Figueroa, y quien es uno de los cinco profesionales que renunció a la postulación que hizo para uno de los dos cargos en la Sala Laboral de la CNJ.
Ella fue una de las primeras en dejar el concurso luego de haber recibido, el 10 de noviembre pasado, la nota inicial de méritos, en la que, asegura, que no se le calificó su experiencia laboral, sus sentencias como jueza de Sala Laboral de los últimos seis años y menos aún sus acreditaciones como profesora universitaria. Según el CJ, Núñez recibió una puntuación de 5,95 y no solicitó recalificación.
Núñez asegura que los más de 700 documentos que presentó para este concurso tenían directa o transversalmente relación con la materia Laboral por la que postuló y que incluso presentó un número mayor de, por ejemplo, sentencias emitidas o certificaciones de notas de estudiantes de maestría que le daban a ella como docente y en las que obtuvo en promedio más de 97 puntos.
«Mi documentación acreditaba mi experiencia laboral como magistrada y yo participaba en aras de continuar fortaleciendo la carrera judicial. Si no me acreditaron aquello, si no me acreditaban que soy profesora de maestría, mis años de profesora universitaria, además en carreras que son afines a la carrera de especialización que es la Laboral, entonces yo qué hacía en el concurso», apuntó.
La semana pasada, en un comunicado el CPCCS se recogió que la coordinadora de la Veeduría Ciudadana que vigila este concurso, Johanna Maldonado, señaló en su comparecencia ante este organismo que existen serias observaciones al proceso, entre ellas, al sistema informático o que en el reglamento se evidencia que existe mejor calificación para las personas que provienen de la Función Judicial.
Núñez dice haber hablado con otros postulantes al concurso, entre quienes estaban funcionarios judiciales, y ellos le habrían comentado situaciones similares a los que ella vivió: no les calificaron su maestría, su especialización, sus diplomados y tampoco el haber sido profesores en el área postulada e incluso a un concursante no le consideraron los 19 años como funcionario en la Procuraduría.
Aunque el CJ dijo no haber recibido ningún exhorto formalmente desde el CPCCS, el organismo se ha adelantado a decir que lo rechaza, así como también rechazan toda aseveración infundada sobre una supuesta falta de transparencia del proceso. En un comunicado pedía al CPCCS den a conocer los informes técnicos y jurídicos que sustentan los pedidos y las observaciones.
Nota Original: El Universo – LINK
