El 24 de junio de 2020, la Corte IDH emitió sentencia en este caso, en la cual declaró la responsabilidad internacional del Ecuador por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad, a la educación a las garantías judiciales, a la protección judicial, en perjuicio de Guzmán Albarracín y también de sus familiares.
Esta sentencia fue notificada al Ecuador el 14 de agosto de 2020.
En 2001, Paola Guzmán, de 14 años, fue violentada sexualmente por el vicerrector del colegio al que asistía. La niña vivió en esta situación de violencia durante un año. En 2002, ingirió unas pastillas que contenían fósforo blanco y, luego de ser trasladada a una casa de salud, murió.
El 6 de febrero de 2003 se ordenó la detención del agresor y más adelante, el 2 de septiembre de 2005, se le imputó el delito de estupro agravado. El implicado fugó y años más tarde, en 2008, la justicia ecuatoriana declaró prescrita la acción penal.
Dieciocho años después de la muerte de la niña, el presidente de la República, Lenin Moreno, durante el acto realizado en la Gobernación del Guayas, reconoció la responsabilidad del Estado ecuatoriano.
«A nombre del Estado ecuatoriano les pido que acepten nuestras disculpas por ese inmenso dolor», manifestó el Presidente de la República, quien reconoció que el sistema educativo, el sistema de salud y el sistema judicial no funcionaron, «el país no funcionó, y debemos avergonzarnos».
Agregó: «Existieron 11.000 denuncias en los últimos 10 años, más de 1.900 por año, y lo peor es que muchos agresores continúan dando clases en otras escuelas y otros colegios».
Sin embargo, el acto fue abierto por la ministra de Educación, Monserrat Creamer, quien fue la encargada de entregar el titulo de Bachillerato póstumo a la madre de la víctima; y aseguró que sí es posible poner un alto a la violencia contra las mujeres, y agregó que ahora existen procesos de protección integral y lineamientos de actuación ante hechos de violencia cometidos en el ámbito educativo.
«De esta manera acompañamos a la persona agredida cuando se trata de una o un estudiante» señaló Creamer, quien aseguró que existe cero tolerancia a la violencia en el ámbito educativo.
Por su parte, Petita Albarracín, madre de la víctima, recordó que este 10 de diciembre su hija cumpliría 34 años, pero se quitó la vida en el 2002 a los 16 años de edad.
«Hoy por fin he limpiado el nombre de mi hija y se la reconoce como es, una víctima… recibo la disculpa del Estado ecuatoriano, pero nada ni nadie me devolverá a mi hija… He esperado 18 años para hacer justicia, y ha sido un camino largo, pero tuve que hacerlo», sostuvo Albarracín.
Nota Original: El Universo – LINK
