Una de las características de este periodo legislativo es que se activaron por casi diez meses seguidos las sesiones plenarias virtuales a través de una plataforma tecnológica debido a la pandemia del COVID-19.
La primera sesión, con 117 asambleístas presentes, se instaló el 24 de marzo pasado, precisamente para discutir un proyecto de resolución frente a la crisis generada por el coronavirus.
En fiscalización y control político, el pleno del Parlamento tramitó tres juicios políticos al exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres; al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Christian Cruz; y a la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, que fueron censurados. Está pendiente el trámite de cinco procesos de interpelación en contra del exministro de Finanzas, Richard Martínez.
Los escándalos por hechos de corrupción también alcanzaron a los asambleístas, lo cual provocó la renuncia de dos de ellos, Daniel Mendoza (AP-Mejor) y Eliseo Azuero (BADI), involucrados en una red de corrupción en la construcción del hospital básico de Pedernales. También perdió la curul la asambleísta Viviana Bonilla (antes de AP) por la sentencia aplicada en el caso Sobornos 2012-2016.
En tanto, está pendiente el trámite de un pedido de investigación a Karina Arteaga (antes de AP), por supuesto cobro de diezmos; así como el trámite del informe de la Comisión de Salud, que investigó los casos de entrega de carnés de discapacidad en el que se recomienda que la Asamblea abra una investigación al asambleísta Fabricio Villamar (antes de las filas de CREO).
Las leyes aprobadas y publicadas en el Registro Oficial abordan temas de emprendimiento, innovación, fortalecimiento a la tarea de la Contraloría, actividades electorales, alimentación escolar, pesca, agro, ambiente, minería, combate al microtráfico de drogas, seguridad social, estabilidad laboral sector público, simplificación de trámites, movilidad, combate a la corrupción, entre otros.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano (PSP), asumirá temporalmente la conducción de la Función Legislativa desde el 1 de enero de 2021, durante la ausencia del presidente César Litardo (AP), que tomará licencia por su participación en la campaña por la reelección como asambleísta.
Solórzano comentó que las realidades entre el 2019 y 2020 son distintas en cuanto a los tiempos de legislación, aunque considera que sí se agilitó el trabajo con las sesiones telemáticas que continuarán porque la pandemia del COVID-19 no ha terminado.
Recordó que en el 2019 se vivió el paro de octubre y en el 2020 se sobrevive a la pandemia, lo cual incide en el trabajo legislativo.
Resaltó que el trabajo de la Asamblea no paró en la emergencia sanitaria y que, incluso, se tramitaron dos leyes urgentes para enfrentar el tema.
Si bien quedó pendiente la votación de la Ley de Extinción de Dominio, Solórzano recordó que la Asamblea aprobó una reforma integral al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en la que se proporcionó herramientas para sancionar los hechos de corrupción.
La primera sesión legislativa del 2021 será el 5 de enero, aunque las actividades de la Asamblea Nacional se reactivarán desde el 4 de enero tras el receso de dos semanas.
Nota Original: El Universo – LINK
