Ayer, el pleno del organismo resolvió dar el plazo de un día para que la organización política inscriba candidatos para la dignidad de parlamentarios andinos, acogiendo una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Esta magistratura ordenó el 15 de enero pasado que el Consejo «adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho de participación a Justicia Social, para las dignidades de parlamentarios andinos», luego de que en resoluciones del 24 y 29 de diciembre se negó la inscripción de estos aspirantes.
A partir de que el CNE notifique con esta resolución al movimiento deberán escoger a sus candidatos y remitir la lista.
El CNE antes de calificar deberá verificar el cumplimiento de los requisitos. No obstante, el CNE no determinó los plazos que se tomarán para resolver en su instancia administrativa sobre estas candidaturas.
Pero de existir recursos contenciosos electorales, el TCE, de acuerdo con sus plazos tiene hasta 15 días para expedir una sentencia definitiva, tanto en primera como en segunda instancia.
El otorgamiento de este plazo se aprobó ayer con el voto de los consejeros Enrique Pita, Diana Atamaint y José Cabrera. Luis Verdesoto y Esthela Acero no asistieron a la plenaria. Los otros tres vocales resaltaron que el TCE reconoció en su sentencia que Justicia Social sí realizó procesos de democracia interna para escoger candidatos el 20 de agosto del 2020, dentro del calendario previsto.
La resolución de esta causa mantiene detenida la impresión de papeletas sobre esta dignidad en el Instituto Geográfico Militar (IGM), porque el reporte es del 0%.
De acuerdo con los cronogramas aprobados en el contrato entre el CNE y el IGM, el despacho y entrega de las fundas selladas con las papeletas (de todas las dignidades calificadas) debía iniciar desde el 7 de enero pasado y se extenderá hasta el 31 de enero.
A esto se suma, otra causa que aún no está resuelta por el Tribunal que es la 131, que estuvo sustanciada por el juez Joaquín Viteri. Justicia Social apeló a su fallo y ahora deberá resolverlo el pleno.
Pero la presidenta del Consejo, Diana Atamaint recusó a los jueces Guillermo Ortega, Ángel Torres, Patricia Guaicha y Juan Maldonado, que iban a resolver la apelación.
Sobre la causa 131, Viteri aceptó parcialmente el recurso contencioso de Justicia Social y declaró nula una resolución del CNE del 11 de noviembre en la que decidió solo continuar con la calificación de las candidaturas que habían sido inscritas, pero no nuevas.
Rechazó la pretensión de la organización que exigía que se le permita «efectuar nuevamente los procesos de democracia interna, designación de candidatos, aceptación de candidaturas, inscripción y calificación de candidaturas en todas las dignidades de elección popular”, pues su objetivo era inscribir como binomio presidencial a Álvaro Noboa y Gino Cornejo.
Al contrario, Viteri pidió al Consejo que precise cuáles son las circunscripciones y las candidaturas sobre las que debe cumplirse democracia interna, designación de candidatos y aceptación, y precisar la circunscripciones y dignidades sobre las que se presentó solicitudes de inscripción para su calificación.
La definición sobre esta causa será determinante en la resolución del pedido del movimiento político, que busca inscribir a Noboa y otros candidatos para asambleístas.
Esto en medio de los avances en el cumplimiento de los hitos del calendario, en los que se consumaron actos como el Debate Presidencial, la asignación de las franjas a las organizaciones políticas para la campaña electoral y los avances en la impresión de papeletas por parte del IGM.
Hasta ayer, el Instituto había impreso 13’104.808 papeletas de asambleístas nacionales (99,98%); de provinciales 12’398. 705 (97, 65%); y, del exterior 407.590 (99, 35%).
En el caso de la papeleta de los 16 binomios presidenciales se avanzó en el 11, 72%, correspondiente a 1’536. 000 documentos.
Esta tarea se reinició el lunes pasado, luego de que el CNE envió a impresión un nuevo formato de papeleta de color verde, tras una falla en el casillero del movimiento Amigo, que cobija la candidatura presidencial de Pedro Freile y Bolívar Solís, y que en lugar del logotipo Am16o, se escribió Mejor EC.
La Contraloría General del Estado deberá esperar que concluya el proceso electoral para iniciar un examen especial por este error, que provocó una afectación al presupuesto por más de $ 500.000.
El órgano de control determinó en un acuerdo del 25 de septiembre, la suspensión de los plazos y acciones de control en la Función Electoral por encontrarse en periodo electoral, que se reanudarán cuando concluyan los comicios.
Nota Original: El Universo – LINK
