La tarea de impresión de las papeletas, a cargo del Instituto Geográfico Militar (IGM) avanza, pero con retraso respecto del binomio presidencial.
De acuerdo con el reporte de producción al viernes último había un resultado total del 59,25% de impresión.
Sobre las que se alcanzó el 100% de papeletas son las de asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, según el IGM.
Pero la papeleta con los casilleros de los 16 candidatos presidenciales se retrasó tras la detección de un error en la identificación del logotipo del movimiento Amigo, que obligó a reimprimir un nuevo documento con un color distinto que fue el verde.
La reimpresión -al viernes último- tenía un avance del 37,02%, correspondiente a 4’852.000, de las 13’107.457 que se requieren para la primera vuelta del 7 de febrero.
A 15 días de la elección, de los candidatos a parlamentarios andinos hay el 0% de impresas. Esto porque está en trámite una posible inscripción de candidatos del movimiento Justicia Social por una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que ordenó al Consejo garantizar su participación.
El CNE dio el plazo de un día para que inscriban a sus aspirantes y el jueves pasado vencía ese plazo. Desde la vocería del movimiento se informó que sí inscribirán, pero se conoció extraoficialmente que no ingresaron la documentación.
La impresión está atada a la integración de los paquetes o kits electorales, que incluyen las fundas selladas de documentos, papeletas por dignidad como binomio, asambleístas y parlamentarios, material genérico, de seguridad electoral, sobres, urnas y biombos.
Esta actividad se adjudicó a la empresa Montgar C.A., por $ 4’068.306.
La proyección es armar 40.200 paquetes para las Juntas Receptoras del Voto (JRV) para el voto en casa, voto en el exterior, voto para personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada, y para los simulacros.
De acuerdo con el cronograma fijado en la contratación, el despliegue en las circunscripciones del exterior debía realizarse hasta el 12 de enero, el 18 de enero para las provincias de la Amazonía, el 21 de enero Guayas y Santa Elena, Cañar, Loja y El Oro hasta el 23 de enero. En varias provincias de la Sierra hasta el 25 de enero; Manabí y Los Ríos el 29 de enero; Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas hasta el 31 de enero; Carchi, Esmeraldas e Imbabura el 2 de febrero, y en Pichincha hasta el 6 de febrero.
En este escenario, al interior del Consejo se teme que las papeletas de parlamentarios andinos no se alcance a imprimir y quede para segunda vuelta.
Aunque ello estaría condicionado a los resultados de la primera vuelta, en el caso de la elección de presidente y vicepresidente de la República.
A esto se suma que alrededor de Justicia Social, el TCE aún mantiene en análisis un fallo de segunda instancia respecto de la causa numerada 131, que tramitó el juez Joaquín Viteri, con la que dispuso al Consejo que se precisen sobre las candidaturas a diferentes dignidades que deben ser calificadas.
Al momento, se resuelve una recusación a cuatro de los jueces que iban a integrar el pleno y que interpuso la presidenta, Diana Atamaint.
En cuanto a sus sistemas tecnológicos, el Consejo realizará hoy el segundo simulacro nacional con el 100% de actas de escrutinio, para comprobar el funcionamiento del Sistema Electoral de Transmisión de Actas y Resultados (Setpar), el Sistema Informático de Escrutinios y Resultados (SIER), el Sistema Integral de Seguimiento Móvil (Sismov) y el Sistema Informático para Conteo Rápido.
El conteo rápido se hará sobre una muestra de 2.425 JRV, pero no se ha informado cuál será la entidad técnica a la que se encargue esta actividad. El presupuesto previsto es de $ 382.240.
Y alrededor de las herramientas tecnológicas los consejeros aún no resuelven sobre la integración de una Comisión Técnica por la Transparencia del Sistema Informático.
Ayer (sábado) el pleno preveía reunirse y aprobar el instructivo para su funcionamiento y quiénes la conformarán.
La propuesta era convocar a las universidades para que envíen sus expertos en informática y materias afines.
En el ámbito sanitario, relacionado con los protocolos para la prevención del COVID-19, los consejeros no han resuelto si finalmente ampliarán el horario de la jornada electoral.
Esto, bajo la prevención de que enfrenten demandas por nulidad de las elecciones, ya que el Código de la Democracia establece que las votaciones deben realizarse en territorio nacional desde las 07:00 hasta las 17:00; y en el exterior, desde las 09:00 hasta las 19:00.
Uno de los ofrecimientos del Ministerio de Salud Pública (MSP) de realizar pruebas de antígenos a los integrantes de las 271.642 JRV antes de la elección, generó preocupación en uno de los consejeros.
Luis Verdesoto pidió a la presidenta Atamaint pronunciarse sobre este anuncio, pues a su criterio, la medida no consta en los «protocolos sanitarios del mundo» en procesos electorales.
Además, afectaría al desarrollo de la jornada, alegando una inasistencia a las mesas; además que esto no se contempla en los «recursos públicos para abastecer de dichas pruebas», cita un documento suscrito por Verdesoto.
Él también cree que la decisión del MSP señalada en el protocolo elaborado por el COE nacional de exigir pruebas PCR a los observadores electorales incidirá en una posible inasistencia.
Nota Original: El Universo – LINK
