La objeción la presentaron acompañando catorce cajas que contenían, según sus cuentas, 16.000 actas de escrutinio con inconsistencias, que serían la prueba de la sospecha de un fraude electoral que desfavorece a su candidatura. Y según se informó, fue hasta el cierre de esta edición la única objeción presentada por los sujetos políticos.
Después de siete días de una caminata de protesta por la “transparencia” que arrancó en Loja y cruzó la Sierra sur ecuatoriana, cientos de simpatizantes del movimiento indígena llegaron a Quito la mañana de ayer.
Se concentraron en el sur de la ciudad y avanzaron a eso del mediodía hasta el parque El Arbolito, en donde hicieron un pronunciamiento alentando la consigna de que “mi voto no se vende, mi voto se defiende”.
Una de las cabezas de la manifestación, Carlos Sucuzhuñay, líder de la Ecuarunari, cuestionó el conteo oficial y advirtió que si no se revisan los resultados podrían protagonizar un levantamiento indígena, “porque no se puede quitar el sueño de este proyecto político por violar los derechos y la voluntad del pueblo”, señaló.
Pérez insistió en que los resultados proclamados “son fraudulentos y que los resultados verdaderos están en la conciencia del CNE”.
Minutos después de las 13:00 la movilización llegó al Consejo, en donde ninguno de los cuatro consejeros se encontraban. Incluso una plenaria la realizaron de forma virtual.
Se encontraron con un cerco de vallas metálicas que rodeaba el edificio, la caballería de la Policía Nacional, un tanque antimotines y decenas de efectivos militares y policiales atentos a posibles desmanes.
En todo caso, se dejó ingresar a los dirigentes políticos y los recibió el secretario, Santiago Vallejo, para certificar el ingreso de la objeción y los miles de pruebas que adjuntaron.
En el auditorio del organismo, unos 20 funcionarios los esperaban para contar los documentos con los delegados de PK observándolos.
El Consejo deberá revisar el recurso administrativo y verificar si existen inconsistencias numéricas o en las firmas del secretario o presidente de las juntas receptoras del voto en un plazo de tres días (que concluye el viernes).
Con esta resolución PK apelará ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para agotar las instancias legales.
Marlon Santi, coordinador de PK, recordó que en una primera reclamación que se evacuó durante la Audiencia Nacional de Escrutinio presentaron 2.500 actas y ayer entregaron otras 16.000.
Estimó que estas novedades perjudican con unos 700.000 votos a Pérez, lo que demostraría que se fraguó un fraude para evitar la llegada al balotaje al candidato.
A lo que se suma -expresó- que los consejeros no dieron paso a que la Contraloría del Estado realice una auditoría informática al Sistema Informático de Escrutinio y Resultados (SIER) y que cuestionan la investigación previa que abrió la Fiscalía para investigar la base de datos electoral.
El movimiento presentó la denuncia penal por un presunto fraude al CNE y ayer preveían entregar más pruebas, entre ellas, los miles de actas recabadas por sus delegados.
Santi narró que las dudas surgieron cuando fueron a la Junta Electoral del Guayas para observar el escrutinio y no los dejaban entrar. Luego vieron aumentar actas con inconsistencias y “se inflaba el padrón electoral”, porque en una mesa de votación en la que estaban previstos 350 electores había 660 votos o en un padrón de 200 había 400.
Y si pese a estas denuncias Yaku Pérez no pasa a la segunda vuelta, Santi anunció que está preparando un congreso nacional para que los 3.000 adherentes del movimiento político decidan a quién apoyarán el 11 de abril.
Nota Original: El Universo – LINK
