Torres recusó al presidente del TCE, Arturo Cabrera, a Joaquín Viteri (sustanciador de la acción de queja), Patricia Guaicha, Fernando Muñoz e Ivonne Coloma, jueza suplente.
A Cabrera lo acusó de tener una “enemistad manifiesta” en su contra, y que se enteró de que “estaba buscando quien presente la denuncia” en su contra.
“Con relación al doctor Arturo Cabrera existe una enemistad manifiesta. (…) Tal como escribí en el chat de WhatsApp de los jueces, el 5 de marzo de 2021 a las 16h10, me enteré de que el juez, presidente del TCE, estaba dedicado a buscar a quien presente la denuncia en mi contra. Si bien hemos mantenido diferencias de opinión, dentro del marco del respeto se han dado expresiones, incluidos mensajes, que denotan carencia de imparcialidad para con este juez”, reclamó en su escrito.
A la jueza Coloma también la acusa de tener “enemistad manifiesta” y describió: “Es de dominio público al interior de la institución que se ha expresado de manera displicente sobre este juez ante los señores jueces que participaron en la sesión del pleno del 11 de marzo. Por lo que la jueza suplente abiertamente ha anticipado que se siente incómoda con mi presencia, lo cual denota su enemistad manifiesta hacia mi persona y se encuentra contagiada del ánimo de que yo sea sancionado, sin conocer la verdad de los hechos”.
El juez Joaquín Viteri admitió a trámite la acción de queja en contra de Ángel Torres que interpuso un abogado, Manuel Pérez Pérez, al revelarse en el medio digital La Posta que se reunió con Yaku Pérez el 3 de marzo, en el departamento del exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS) Darwin Seraquive.
Dicho encuentro, que según Pérez y Torres fue “casual”, se dio en una coyuntura en la que el excandidato y su movimiento político buscaban completar un recurso subjetivo contencioso en contra de los resultados numéricos de la elección de binomio presidencial que proclamó el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Los accionantes querían que el TCE disponga el recuento de votos de más de 20.050 actas de escrutinio de los comicios del 7 de febrero, alegando que se les hizo “fraude electoral”.
Viteri, en la admisión a trámite, entre otras diligencias, solicitó a la Fiscalía General que certifique si Torres ha presentado denuncias sobre presuntas “ofertas de dinero para archivar causas”, en especial la n.º 120-2019-TCE, que se refiere a un recurso sobre las elecciones seccionales del 2019.
Por esto, Torres aseguró que el juez sustanciador también carece de imparcialidad porque “le aconsejó” al denunciante “lo que debe hacer y cómo lo debe hacer, a fin de que la causa sea admitida a trámite; situación que recae en sospechoso, cuando el actuar del referido juzgador ha sido el de archivar las causas siempre luego de verificar que no se ha completado o aclarado conforme a lo dispuesto por su autoridad”.
El magistrado interpelado cuestiona que sus colegas, y en especial Cabrera, lo hayan cuestionado sin haberlo escuchado previamente, y se haya resuelto publicar un comunicado institucional el 4 de marzo, después de la publicación de La Posta.
En dicha misiva oficial, el TCE aclaró que “no ha conocido y menos autorizado” una supuesta reunión entre Pérez y Torres.
“A través del pronunciamiento generalizado que realizaron como institución me cuestionaron, juzgaron en forma pública sin haberme escuchado, sin preguntarme siquiera sobre los hechos ventilados por medios inescrupulosos como La Posta. Vulneraron mi derecho al debido proceso en la garantía del derecho a la defensa”, reclamó.
Bajo estos argumentos, el magistrado pide que se acepten sus recusaciones.
Nota Original: El Universo – LINK
