El pleno tomó la resolución luego de conocer el informe de la Comisión de Fiscalización que no logró los votos para recomendar el enjuiciamiento político, y según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 83, si el informe no recomienda ni el juicio o el archivo del juicio, el pleno de la Asamblea previa moción motivada podrá resolver ya sea el archivo del trámite o el juicio político para lo cual requerirá el voto favorable de la mayoría simple.
Según el procedimiento, aprobada la resolución para iniciar el juicio político, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, en el plazo máximo de cinco días, incluirá en el orden del día para consideración del pleno, el juicio político que absolverá o censurará y destituirá al funcionario, según corresponda. Para el efecto, la secretaría general del Parlamento deberá notificar de la convocatoria para el juicio político al funcionario cuestionado.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización encargada, Noralma Zambrano (AP), expuso las razones por las cuales la comisión no recomendó el juicio político y que debe ser el pleno de la Asamblea quien defina la posibilidad de que el representante del gobierno en la cartera de Trabajo rinda cuentas ante la legislatura.
Habló que hubo tres votaciones frente al informe de la Comisión sobre el juicio; en la primera, que se realizó el 24 de marzo se aprobó el documento que recomendaba la interpelación en el pleno con 9 votos; pero tres días después la Comisión tramitó un pedido de reconsideración de la votación desde los delegados del PSC, lo cual fue aprobado. La tercera votación para que se apruebe el informe que recomendaba el juicio político no logró los votos de mayoría, por lo tanto, no hubo una definición.
Isch será juzgado por incumplir funciones al suscribir un acuerdo ministerial donde realiza una interpretación extensiva al artículo 169 (6) del Código de Trabajo, que fue interpretado por la Asamblea Nacional en la Ley de Apoyo Humanitario, respecto a las circunstancias en que se aplicará la causal de fuerza mayor o caso fortuito para la terminación de la relación laboral.
También se detectó incumplimiento de funciones porque el funcionario se negó a entregar información sobre su gestión al Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Salud Pública, Trabajo y Derechos Humanos. Y además incumplió por no fijar el Salario Básico Unificado para el año 2021, cuando la norma constitucional y el Código de Trabajo determinan que la revisión anual del salario básico debe ser con carácter progresivo.
Las legisladoras Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga (RC), fueron las que presentaron el pedido de Interpelación con siete acusaciones, pero que la Comisión de Fiscalización solo aceptó tres.
Holguín fue la encargada de presentar la moción para que el pleno de la Asamblea se pronuncie para llamar a juicio a Isch. En el debate, Holguín, insistió al pleno que el funcionario debe ser enjuiciado políticamente por abrogarse las funciones al interpretar la Ley Humanitaria que contemplaba las razones por las cuales las empresas pueden aplicar la fuerza mayor o caso fortuito para finalizar los contratos laborales. Indicó que otra de las violaciones a la norma se refiere a la no fijación del salario anual de 2021.
Henry Cucalón (PSC), consideró que la Asamblea debe continuar con el juicio político y que no se puede ser cómplice de una acción contraria a los intereses de los trabajadores, cuando el Ministro de Trabajo interpretó la Ley Humanitaria para dejar en desprotección a cientos de trabajadores.
En cambio, su coidearia Mercedes Serrano, planteó que se suspenda la votación de la resolución si se lo lleva o no a juicio político a Isch, hasta después de las elecciones de segunda vuelta. Aclaró que ella no está a favor o en defensa del Ministro, pero afirmó que este proceso es débil.
Gabriela Larreátegui (SUMA), comentó que el juicio político contra el Ministro de Trabajo más parece parte de una campaña electoral; que por más malo que haya sido el gobierno no se puede culpar a un ministro por la pérdida de empleo en medio de una pandemia, que a escala mundial se registró 114 millones casos de personas que perdieron su empleo. Dijo que el juicio político carece de fundamento, que es débil y absurdo; por lo tanto, rechaza la propuesta de interpelación.
El legislador Esteban Melo (RC), indicó que una parte de la pérdida de empleos es por la pandemia, pero también responsabilidad del gobierno a través del Ministro de Trabajo, por no proteger los derechos y permitir la interpretación de una norma para provocar despidos sin indemnización.
Absalón Campoverde (CREO), llamó a los legisladores RC que dejen de lado la campaña electoral y aclaró que cambió de votación sobre la aprobación del informe debido a que no hubo un debate previo sobre el contenido y que se necesitaba de cambios. Que si bien CREO, votó a favor y luego apoyó una reconsideración de la votación donde se planteó pedir cinco días adicionales para realizar los cambios, pero tampoco hubo los votos y no se permitió hacer modificaciones.
Nota Original: El Universo – LINK
