El pedido fue ingresado en la Corte Nacional y está dentro del tiempo de tres días posteriores al auto emitido de manera oral durante la audiencia de formulación de cargos en la que se inició una instrucción fiscal contra nueve personas, entre ellas, Celi, su hermano Esteban Celi; el exsecretario de Presidencia José Agusto Briones y su hermano Luis Agusto Briones; Silvia L.; Ángelo R.; Andrés L.; Natalia Cárdenas, exasesora del exgerente de Petroecuador Pablo Flores; y Elsie Cueva, de 68 años de edad.
Se ha anunciado desde otras defensas de los procesados que también apelarán la orden de prisión definida, pues consideran que no ha sido correctamente fundamentada.
Este jueves, Ortega visitó a su cliente en la Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito, lugar al que fue trasladado junto con seis procesados más que recibieron orden de prisión preventiva. Silvia L. completa la lista de siete investigados con orden de prisión preventiva en este caso en que la instrucción fiscal durará 90 días.
Ortega insiste en que la Fiscalía no cuenta con elementos suficientes que le permitan vincular al contralor (s) Celi con actos que podrían definirse como delictivos. Él asegura que su defendido ha presentado en esta trama de corrupción toda la información, ha brindado todo el apoyo a la Fiscalía para que investigue e incluso, señala, en las versiones que ha rendido ha contestado todas las preguntas hechas por los fiscales.
Ante los casos judiciales que involucran a Petroecuador, el gerente de la estatal petrolera, Gonzalo Maldonado, en un oficio dirigido a la fiscal general, Diana Salazar, habría indicado que ha dispuesto a todos los funcionarios y autoridades de esa empresa pública que brinden las facilidades necesarias que permitan con transparencia recabar cualquier tipo de información. “Extiendo a usted y a su equipo una cordial invitación para mantener una reunión de trabajo”.
En la cuenta institucional de la Fiscalía General del Estado se colgó un comunicado respecto al “anuncio de la empresa pública Petroecuador de una supuesta coordinación con la Fiscalía” para “la defensa institucional en los casos de corrupción”. En el documento la institución dirigida por Salazar señaló que no se ha establecido ningún tipo de “coordinación” con autoridades de Petroecuador.
“La Fiscalía desarrolla su trabajo técnico-jurídico con absoluta autonomía, dentro de sus atribuciones constitucionales y legales, en la investigación preprocesal y procesal penal, y no requiere coordinar acciones con otras instituciones por fuera del eje de justicia, menos aún si varias de sus principales autoridades son objeto de una instrucción fiscal por el presunto delito de delincuencia organizada”, señala el comunicado hecho público la tarde de este jueves.
La Fiscalía instó a las autoridades y funcionarios de todas las instituciones y entidades públicas a brindar las facilidades necesarias para la realización de las diligencias que se dispongan dentro de las distintas causas. Por ejemplo, se refirió a que entreguen de forma oportuna y en debida forma la documentación que se requiera y además que concurran los funcionarios públicos a rendir versión cuando sean convocados.
Nota Original: El Universo – LINK
