Comando Conjunto de las FF.AA. no acepta débito al Issfa
Esta mañana Luis Garzón, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en declaración de prensa, exigió que se respete el acuerdo suscrito entre el Ministerio del Ambiente y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) por la venta de los terrenos en Los Samanes, en Guayaquil.
Además rechazó la orden del presidente Rafael Correa para debitar los valores del Issfa por el supuesto exceso en el pago de estos terrenos.
A continuación la declaración completa de Garzón:
Ante las declaraciones públicas efectuadas en torno al diferendo que se quiere crear respecto del pago legal y debidamente realizado por el Ministerio del Ambiente por la adquisición de los terrenos de propiedad del Issfa, en el sector de Los Samanes en la ciudad de Guayaquil, queremos informar al pueblo ecuatoriano que el mando militar y los soldados de tierra, mar y aire, en servicio activo y pasivo, tenemos la obligación legal y moral de defender el patrimonio institucional del Issfa, que constituye el presente y el futuro del personal militar y su familia.
En relación a este tema, que ha generado enorme preocupación a la ciudadanía, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, informa al personal militar:
El gobierno nacional tiene la iniciativa de crear el área nacional de recreación Los Samanes, en la ciudad de guayaquil. Para ello, el Ministerio del Ambiente propone un acuerdo al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas para la adquisición de dos millones doscientos mil metros cuadrados (220 hectareas) de terrenos ubicados en la ciudadela Los Samanes, en base al avalúo realizado por la DINAC, cuyo monto asciende a cuarenta y ocho millones doscientos veinte mil dólares.
Con resolución Nº 10.03.01 de 6 de septiembre de 2010, el Consejo Directivo del Issfa, resolvió aceptar la propuesta de compra venta formulada por la ministra del ambiente. El 7 de diciembre de 2010 se suscribió el contrato de compra venta entre el Ministerio del Ambiente, representado por la ministra delegada, y el Issfa, por su director, cumpliendo las disposiciones legales vigentes al momento de la celebración del contrato contenido en la escritura pública que fue debidamente registrada perfeccionándose la venta de las referidas 220 hectáreas de terreno urbano en la ciudadela Los Samanes.
El Ministerio de Finanzas, cumpliendo la normatividad vigente, transfiere los recursos necesarios para perfeccionar la compra mediante el pago respectivo.
5 años más tarde, por petición de la ministra del ambiente, el Procurador general del Estado, solicitó a las máximas autoridades del Ministerio del Ambiente y del Issfa “que procedan a la rectificación y/o modificación de los actos que sean necesarios y del contrato correspondiente, dentro del proceso de compra venta…” de los terrenos en mención.
El artículo 372 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio.”,
Con esos antecedentes, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los señores comandantes de Ejército, Marina y Aviación, dejamos sentado de manera clara e irrevocable que, siendo el proceso de compra venta de los terrenos en Los Samanes un acto jurídico con plena validez, defendemos la posición institucional de que las partes respeten el acuerdo suscrito voluntariamente por las dos instituciones, pues ningún órgano competente ha declarado lo contrario, toda vez que ese contrato no tuvo, ni tiene, vicio alguno.
Las Fuerzas Armadas del Ecuador, por su naturaleza, tradición e historia, son las primeras defensoras de la constitución y las leyes de la república, así como de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, como lo expresa la carta fundamental.
Estamos seguros que realizado un análisis minucioso del proceso, la Contraloría General del Estado y los órganos competentes otorgarán la razón al Issfa, que en todo momento buscó con absoluta buena fe contribuir a mejorar la calidad de vida de los guayaquileños.
No podemos estar de acuerdo que se debiten recursos de la seguridad social de las Fuerzas Armadas, porque lo prohíbe de manera expresa la Constitución en su artículo 372.
Los recursos de la seguridad social militar, le pertenecen a los soldados en servicio activo y pasivo y a sus familias, por lo que es obligación del Estado su protección y preservación.
