El gobierno de Guillermo Lasso reguló el uso de aviones presidenciales. En el Código de Ética (art. 6) se dice que estas aeronaves serán usadas única y exclusivamente para asuntos de carácter oficial del Estado.
Luego dice: “Se deberá difundir el listado de las personas que viajaron en el avión presidencial, así como una descripción del equipaje o carga correspondiente a cada pasajero”.
También se deberá reportar la ruta seguida por la aeronave, el destino del viaje y su propósito, hasta 28 horas después de la culminación del viaje.
En marzo pasado del 2019, la Contraloría General del Estado aprobó un examen especial al uso de las aeronaves a cargo de la Presidencia, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2012 y el 24 de mayo del 2017.
Según el documento elaborado por el organismo de control, en ese lapso los aviones presidenciales Legacy 600 y Falcon 7X realizaron 261 vuelos internacionales. En el 29% de los casos, las aeronaves fueron utilizadas por el entonces presidente Rafael Correa. En el 71% restante, los aviones fueron usados por otras autoridades de Gobierno.
Según Contraloría, esto desvirtuó la naturaleza de las naves. El informe agrega que Correa debió emitir una reglamentación para velar por la economía y el uso eficiente de los bienes públicos.
La auditoría identificó desplazamientos internacionales efectuados sin la autorización de la Presidencia de la República. Según la entidad de control, 33 de estos desplazamientos internacionales se hicieron en los aviones Legacy 600 y Falcon 7x. Otros 22 viajes, en aviones de TAME y 2 en la aeronave de Petroecuador.
“Se desconoce si los viajes, que costaron al Estado USD 9 649 761,36, se efectuaron para cumplir actividades oficiales”, sostuvo Contraloría. Además, no se detallaron los pasajeros, el peso de carga ni el equipaje.
Esta vez, el actual gobierno dice que todo se coordinará con el Grupo de Transporte Aéreo Especial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Nota Original: El Comercio – LINK
