A esto se agregarán los temas de coyuntura que se presenten en los próximos siete meses, donde la comisión abrirá las investigaciones necesarias, así como los procesos de juicio político que se presenten. Este plan lo aprobaron ocho de los nueve legisladores; el asambleísta Bruno Segovia (PachakutiK) no estuvo presente.
De la lista de peticiones de investigación la mayoría se concentra en el área de los contratos petroleros suscritos por anteriores gobiernos con empresas chinas; también los legisladores muestran interés por investigar hechos de corrupción sobre sobornos de Odebrecht a cambio de asignación de la obra pública; la concesión para la operación de las empresas eléctricas es otro de los aspectos donde hay interés por indagar desde la Asamblea Nacional.
El manejo de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y un supuesto reparto de hospitales consta en el largo listado de pedido de indagación política, así como los informes emitidos por la Contraloría del Estado; el proceso de inversión de becas para estudios en el exterior; casos de supuesta corrupción cometidos en el gobierno de Lenín Moreno, también constan en la lista aprobada este 7 de junio por los integrantes de la Comisión de Fiscalización.
De la acción fiscalizadora no se quedará el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; las concesiones en materia de minería y de carreteras, que también serán sometidas a investigación política.
Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, señaló que para cumplir la agenda trabajaran todos los días, para así cerrar la página oprobiosa de una comisión que era de archivo; por lo tanto, “este plan de trabajo tiene que ser cumplido y fortalecido por cada uno de los integrantes de esta comisión hasta diciembre del 2021”.
Indicó que temas de corrupción en el IESS, así como en los hospitales siguen asomando todas las semanas y que la Comisión de Fiscalización realizará su aporte investigativo para determinar a los responsables, sea por acción u omisión.
En el plan de trabajo también está el trabajo desarrollado por la Contraloría del Estado, donde se indagarán las razones por las cuales se han desvanecido glosas importantes de instituciones públicas y de los gobiernos autónomos descentralizados.
La Comisión de Fiscalización procesará el juicio político en contra del contralor del Estado, Pablo Celi, quien está investigado y guarda prisión preventiva por ser considerado como uno de los autores del delito de delincuencia organizada. Este juicio planteado por el asambleísta reelecto Juan Lloret (UNES) ya fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa.
En la agenda aprobada hay casos entre los cuales coinciden algunos legisladores, por lo que se recomendó a secretaría que se compendien en un solo proceso para la investigación respectiva.
El legislador Villavicencio planteó 23 investigaciones; en tanto que Ana Belén Cordero (BAN-CREO) presentó cuatro casos al igual que la socialcristiana Soledad Diab; Marco Troya (BAN-EU) solicitó ocho procesos de investigación; Pedro Velasco (BAN-Avanza), once peticiones; la bancada Unión por la Esperanza (UNES) planteó doce investigaciones; en tanto que Bruno Segovia (Pachakutik) incluyó un pedido general de investigación. De concretarse este plan, los resultados de las investigaciones saldrán a cuenta de ocho casos por mes.
Roberto Cuero, legislador de UNES, indicó que el juicio al contralor Celi requiere de una atención inmediata, y que también no puede quedar en el aire el juicio político al exministro de Finanzas Richard Martínez, acusado de priorizar el pago de deuda externa en medio de la pandemia del COVID-19.
La asambleísta Ana Belén Cordero (BAN-CREO) fue la encargada de proponer la moción de aprobación del plan de trabajo de la Comisión y pidió apoyo en la Comisión para investigar los resultados obtenidos tras la inversión en universidades consideradas emblemáticas.
María Gabriela Molina (UNES) propuso que antes de iniciar las investigaciones se determine cuáles son los procesos que ya se ventilan dentro de la justicia ordinaria, a fin de evitar malentendidos de que la Comisión de Fiscalización se está extralimitando en sus funciones. En su exposición incluyó que se incorpore una investigación sobre la entrega de bombas lacrimógenas por parte del gobierno de Lenín Moreno al Gobierno de Bolivia.
Nota Original: El Universo – LINK
