Hay al menos tres grupos que se alistan para el proceso de recolección de firmas para inscribirlas e integrarse al listado de 282 grupos que forman el Registro Nacional de Organizaciones Políticas.
El 11 de junio pasado, el pleno del Consejo Electoral aprobó la entrega de la clave para la impresión de formularios de recolección de rúbricas para constituir el Movimiento Progresista Intercultural Solidario de ámbito nacional.
Contó que la Fenocin y otros grupos sociales se pusieron de acuerdo para formar esta organización política y participar en los procesos electorales.
“Creemos que los sectores organizados debemos ir tomando el poder político. Tener representantes en la Asamblea Nacional, en las alcaldías, en las juntas parroquiales, en las prefecturas, porque tenemos buenos líderes”, indicó Villamar.
El objetivo es tener la personería jurídica en el 2023, cuando se realizarán las elecciones seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Su objetivo es contar con unas 300.000 o 400.000 firmas, y debido a la pandemia se ha concertado que en cada territorio sus afines realicen esta tarea.
Otro impulso se da para inscribir a un partido político denominado Partido del Pueblo.
De acuerdo con el artículo 320 del Código de la Democracia, para que un partido adquiera su personería jurídica debe contar con fichas de afiliados correspondiente al 1,5 % del registro electoral utilizado en la última elección pluripersonal de carácter nacional. Es decir, alrededor de 196.481 rúbricas, tomando en cuenta que el padrón usado en los comicios nacionales del 2021 fue de 13′099.150 electores.
Para el caso de los movimientos, la lista de adherentes, según el artículo 322 de la norma, establece también el 1,5 % del padrón.
Según Richard Intriago, uno de los idearios de la conformación de esta agrupación, su meta es contar con 800.000 firmas hasta el 30 de septiembre.
Para evitar aglomeraciones por la presencia de la pandemia del COVID-19, serán los militantes quienes cumplan esta tarea en los recintos y barrios para estar listos para las próximas elecciones.
“Lo que queremos es construir un partido poderoso que venga a mover el tablero electoral. Todos hemos decidido hacer el trabajo rápido porque queremos participar en el 2023, pero tampoco es una necesidad apremiante. La necesidad es tener un partido a largo plazo, por 40 años y que se sostenga ganando elecciones”, afirmó Intriago.
El grupo insurgente Alfaro Vive Carajo (AVC) que apareció en Ecuador en 1983 quiere revivir, pero desde lo electoral con la constitución del movimiento Alianza Alfaro Vive Carajo.
Édgar Frías, uno de los exmiembros de AVC, dijo que están a la espera de que el CNE les entregue la clave para imprimir los formularios, solicitud que la hicieron el 2 de junio pasado.
Esto no solo lo hará AVC sino con alianzas de otras organizaciones sociales, para lo que esperan que cada líder territorial recoja unas 2.000 firmas y presentar 400.000 para la revisión del CNE.
Aseguró que no están hablando de un movimiento de “armas ni en función de hacer la guerra”, sino de “ganar elecciones y participar en el 2023”.
“En este país la mayoría de partidos y movimientos son federaciones de caciques, son empresas electorales, donde no prima la ideología, sino el interés. Queremos construir un proyecto diferente, parecido al Frente Amplio Uruguayo, donde los guerrilleros tupamaros, encabezados por José Mujica (expresidente de Uruguay), construyeron un partido alternativo, democrático participativo, sin caudillos, no excluyentes”, expresó Frías.
En marzo pasado, el CNE conoció la solicitud de petición de claves para recoger firmas de cuatro movimientos, pero solo entregó a una propuesta política denominada Unidad Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR).
Este Diario solicitó al Consejo Electoral información respecto de cuántas organizaciones políticas atraviesan el proceso de revisión de firmas, pero no hubo respuesta.
De lo que se conoce, hasta junio del 2020 se registraba a doce movimientos que estaban en trámite de verificación de firmas, de las que cuatro eran nacionales, dos cantonales y seis provinciales.
Solo una de ellas obtuvo su personería jurídica en un pleno del Consejo del 2 de marzo, denominada Nueva Generación, con alcance en la provincia del Azuay.
En este ambiente, el CNE deberá revisar las firmas adoptando las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado, que en un informe de auditoría emitido en el 2020 detectó anomalías en los procedimientos técnicos.
Se observó, por ejemplo, que en doce agrupaciones que fueron inscritas hubo 24.470 registros repetidos.
Otros 1.527 registros de menores de 16 años; y, que cuatro movimientos políticos no contaron con el número requerido para obtener su personería jurídica, pero que fueron inscritos por la autoridad electoral.
Estos fueron Fuerza Compromiso Social, Podemos, Justicia Social y Libertad es Pueblo, que luego, el CNE los extinguió acogiendo la recomendación de la Contraloría por incumplir con el requisito legal.
Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) decidió ratificar a tres de ellos, excepto a Libertad es Pueblo, que fue eliminado del registro nacional, pero por falta de legitimación activa del recurrente que planteó un recurso subjetivo para evitar su extinción.
Fuerza Compromiso Social podría cambiar su nombre, sus estatutos, imagen e idearios en una asamblea nacional que se realizará el 28 de agosto en Montecristi. Eso se conoció tras una reunión realizada el 28 de mayo pasado cuando el buró político de esta agrupación aceptó la renuncia de Andrés Arauz como su presidente, y se designó en ese cargo a la asambleísta Raisa Corral (UNES).
Nota Original: El Universo – LINK
