Para que eso suceda, la Comisión de Fiscalización tendrá que sortear la resolución que aprobó el pleno de la Asamblea el pasado 25 de junio, cuando dispuso con 80 votos que el juicio político al exministro de Energía René Ortiz continúe la correspondiente sustanciación. Para ello, nombró a los asambleístas Salvador Quishpe (PK) y Luis Almeida (PSC) como interpelantes.
Esos 80 votos vinieron de dos de los tres sectores políticos que hoy claman porque el juicio contra Celi sea tramitado de forma urgente. El PSC y CREO, que también alberga a los independientes en la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), optaron porque la Comisión de Fiscalización tramite el juicio a Ortiz, cuyo proceso se inició el 12 de mayo y que por la transición quedó hasta la notificación del proceso al acusado. Aunque también hubo 8 legisladores entre el PSC, ID, Pachakutik, BAN, que se abstuvieron.
En la sesión del 25 de junio, el sector de UNES a través del legislador Ronny Aleaga planteó que se declare improcedente el juicio contra el exministro de Energía, por no haber interpelantes, y se proceda de inmediato con el juicio a Pablo Celi. Esa moción no fue calificada por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.
“Es vergonzoso que las mismas fuerzas políticas que consignaron su voto afirmativo para darle más tiempo al PPL Pablo Celi, ahora tengan interés en acelerar el trámite”, posteó el asambleísta Aleaga.
Tanto la bancada Acuerdo Nacional, Unión por la Esperanza y el Partido Social Cristiano han pedido de manera urgente que se tramite el juicio político en contra de Celi, porque aseguran que desde la cárcel aspira a ejercer funciones nombrando funcionarios y despachar sin ningún tipo de control o límite.
El artículo 81 de la LOFL determina que si durante el proceso de sustanciación de un juicio político el Consejo de Administración Legislativa remitiera una solicitud de juicio político, su plazo para avocar conocimiento correrá a partir de la finalización del proceso en curso en el interior de la comisión.
El PSC pidió a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que en la siguiente sesión incluya una resolución para disponer a la Comisión de Fiscalización que antes de continuar con la sustanciación del juicio a Ortiz, proceda de forma inmediata con la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Pablo Celi, contralor general del Estado, presentado por el asambleísta Juan Lloret (UNES).
Que una vez que se procese el juicio en contra de Celi, y termine con la censura y destitución, se solicite al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que proceda de manera inmediata a llamar a concurso para designar al nuevo contralor.
En cambio, la Bancada Acuerdo Nacional en un comunicado dio a conocer que solicitó a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que convoque con el carácter de urgente al pleno de la Asamblea, con el fin de tratar y debatir de manera inmediata los graves hechos que se han venido desarrollando en el interior de la Contraloría.
Que Pablo Celi, desde la cárcel, pretende designar a Carlos Riofrío González como contralor subrogante, atentando en contra de la misma institución y manteniendo en zozobra a todo el país.
Nota Original: El Universo – LINK
