Con las dos vinculaciones el número de procesados pasa a quince. Entre los investigados está el ahora excontralor Pablo Celi y su hermano Esteban Celi; el exgerente de Petroecuador Pablo Flores, su padre y su madre, Marco Flores y Elsie Cueva; y Adolfo Agusto Briones, hermano del exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones, quien falleció en la cárcel estando procesado en este caso.
Salazar, en el impulso fiscal notificado la mañana de este martes a las partes procesales, explica que al estar dentro del plazo legal establecido de instrucción fiscal y una vez que dentro de la presente investigación han aparecido nuevos datos y suficientes elementos que hacen presumir la participación en el delito investigado de Barrezueta y Orellana, la Fiscalía pide una fecha para una audiencia en la que se formularán cargos y vinculará a ambas personas.
Esta es la segunda audiencia de vinculación que se da en este proceso penal por delincuencia organizada y por la que la fase de instrucción fiscal pasó de 90 a 120 días. El 17 de mayo pasado se realizó la audiencia para vincular a cinco personas, entre ellas, el exgerente Flores, su padre, y los ciudadanos Roy Calero, Pedro Saona y Álvaro de Guzmán.
Aunque en esta diligencia también se darán vinculaciones y la norma señala que la instrucción fiscal debe extenderse por 30 días más, en este caso esa normativa ya no procede, pues en la misma Ley vigente se aclara que la etapa de instrucción fiscal no puede durar más allá de 120 días.
La Fiscalía investiga una delincuencia organizada que habría ocurrido dentro de la Contraloría General del Estado, la empresa pública Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia de la República. Esta estructura habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y la liberación de los dineros de planillas correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Nolimit C. A., entre el 2017 y el 2020.
La fiscal Salazar solicitó que a los ciudadanos por vincular se les notifique en los domicilios, números de contacto, correos electrónicos (conforme a la información remitida por los agentes investigadores y de la información constante en el expediente fiscal) y a los domicilios judiciales conforme consta en el expediente. La diligencia se deberá dar en la Corte Nacional de Justicia por el fuero de corte que cobija a varios de los procesados.
Nota Original: El Universo – LINK
