Ernesto González, en Notimundo, con Patricia Terán y Freddy Paredes, aseguró que la situación entre el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y el Gobierno ha sido un problema innecesario que tuvo que haber sido tratado jurídicamente. Para González, es imprescindible el pronunciamiento de la Contraloría General del Estado.
El exgeneral del Ejército aseguró que las molestias de varios miembros de las FF.AA se dieron debido al atropellamiento a la Institución que, según dijo, al no contar con el apoyo político, se vio en la necesidad de acudir a los medios de comunicación.
La adquisición de los terrenos en Los Samanes le costó al Issfa cerca de 16 millones de dólares y no fue una donación o regalo, aclaró González. En un principio, el terreno iba a ser destinado a la construcción de un proyecto inmobiliario por lo que su valor comercial era mayor al avalúo realizado por el Municipio de Guayaquil, aseguró.
Dentro del acuerdo firmado con la exministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, se estableció que el pago era de 48 millones de dólares y, además, se entregaban 32 hectáreas urbanizadas en diferentes sectores del país para que los militares puedan cumplir proyectos de vivienda y 8.000 bonos de vivienda para el personal militar, lo cual no se ha cumplido, dijo González.
El Estado tiene una deuda de aproximadamente 260 millones de dólares que no generaría problemas en la actualidad, sino en un futuro, por lo que el débito sí tendrá una “afectación importante”, afirmó.
Ernesto González, también, rechazó la carta enviada por el ministro de Defensa, Fernando Cordero, quien habría dirigido un oficio al Director del Issfa en el que afirma que la decisión de la Procuraduría es vinculante por lo que no cumplirlo sería un desacato. Por esta razón, González insistió que no hay un análisis legal completo, que ahora está en manos de la Contraloría.
“Sea cuál sea el resultado las autoridades deben aceptar, sea el Ministerio del Ambiente o las Fuerzas Armadas” dijo.
