Veinte días después de que se cerró la instrucción fiscal por el delito de peculado ocurrido aparentemente en operaciones financieras de inversión con irregulares que afectarían los fondos de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), la jueza penal de Pichincha, Yadira Proaño definió que la audiencia preparatoria de juicio se de el 16 y 17 de diciembre próximos contra los diez procesados.
Esta causa arrancó el 24 de febrero pasado con la formulación de cargos de los generales (sp) Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño, exgerentes del Isspol; y Alfredo Valverde y Santiago Duarte, exdirectores de Inversiones y Jurídico del Isspol, respectivamente. Todos mantienen la medida cautelar de presentación periódica y prohibición de salida del país.
Más adelante, el 9 de septiembre pasado, luego de varias diligencias fallidas, se vinculó al empresario Jorge Chérrez; a los exdirectores de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol, Robert Luzuriaga y Orlando Núques; y a los directivos de empresas inversoras: Carlos Carbo, Luis Álvarez y Luis Domínguez.
Los diez son acusados de haber participado en inversiones irregulares, entre 2014 y 2019, realizadas con fondos del Isspol sin supuestamente cumplir con los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez. Registros revelarían que el Isspol invirtió a través de empresas representadas por José Chérrez aproximadamente $ 693 millones.
Para los vinculados inicialmente se les ordenó presentación periódica a excepción de Carbo que por su avanzada edad se le ordenó arresto domiciliario. Semanas después al incumplir la orden judicial se revisó la medida de Chérrez, representante de Ibcorp Investment; Álvarez, gerente de operaciones de Decevale; y Domínguez, representante legal de Ventura Casa de Valores se dispuso su prisión preventiva.
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se deberá instalar a las 10:00 del 16 de diciembre próximo en el cuarto piso del Complejo Judicial Norte, en Quito.
La jueza Proaño advirtió a las partes que de no comparecer con los abogados particulares se instalará la audiencia con la Defensoría Pública, para así garantizar el derecho a la defensa. “Se les previene a las partes procesales y abogados que en caso de pretender dilatar la audiencia, vulnerando el principio de buena fe y lealtad procesal (…) o en caso de no comparecer a la audiencia, se aplicará lo pertinente”.
La defensa del general Espinosa de los Monteros, Paúl Ocaña, cree que la Fiscalía respecto a su cliente no ha logrado conseguir elementos que desvirtúen su inocencia en este caso.
“La acusación que se hace a Enrique Espinosa de los Monteros es que con él se inició la negociación de los bonos y que por eso él era parte del sistema de corrupción. En cambio nosotros hemos hecho una peritaje financiero en donde se determinó que la negociación que se hizo en el 2014 se canceló en el 2015, es decir, ya no hay lesividad, el dinero que invirtieron allí está cancelado”, apuntó.
Ocaña afirma que aún no conocen si el fiscal Martín Navarrete emitirá un dictamen abstentivo en esta causa, pero espera que respecto a su defendido así se dé. Si la audiencia se daría el 16 de diciembre próximo, el fiscal de esta causa tendría para dar a conocer alguna decisión respecto a abstentivos hasta el 15 de diciembre.
Una vez el coronel Renato Gonzalez, director general del Isspol, reconoció su firma y rúbrica en un escrito de acusación que presentó a nombre de la institución, la jueza Proaño aceptó a trámite la acusación particular contra nueve de los diez procesados y podrán participar en la diligencia. Solo Domínguez quedó fuera de la acusación particular que planteó el Isspol. (I)
