El proyecto económico urgente con que el Ejecutivo espera asegurarse mejores ingresos y que contribuyan quienes más recursos tienen y ganan ya entró a trámite en la Asamblea Nacional y estará en manos de una comisión legislativa donde los oficialistas y aliados hacen mayoría.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el martes 2 de noviembre el proyecto de Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19, y designó a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa para que se encargue del trámite, análisis y del informe que irá al pleno para su debate y votación.
Esa Comisión la preside el asambleísta Daniel Noboa Azín, del grupo de independientes aunque fue electo por el movimiento político Ecuatoriano Unido. Es hijo del empresario y excandidato presidencial Álvaro Noboa Pontón.
La vicepresidenta de la mesa es Wilma Andrade de la Izquierda Democrática, partido que mantiene diálogos con el Gobierno, al igual que Pachakutik, que en esta mesa está representado con el legislador Cristian Yucailla.
Hay dos legisladores de CREO: Francisco Jiménez y Nathalie Arias; otros tres independientes: César Rohón (antes de PSC), John Vinueza (electo por el movimiento Unión Ecuatoriana) y Diana Pesántez (de Azuay Primero y quien entró a reemplazar en la curul a Marcelo Cabrera cuando pasó a ser ministro de Transporte y Obras Públicas).
Noboa Azín votó con el oficialismo cuando se instaló el nuevo periodo de la Asamblea Nacional, en mayo pasado, y eligió a sus autoridades. También lo hizo en la última sesión, el jueves 28 de octubre, para elegir a la segunda vicepresidenta de la Asamblea.
En esa designación estos ocho asambleístas votaron igual, dieron su apoyo para que Yeseña Guamaní (ID) ocupe la segunda vicepresidencia tras la destitución de su excoidearia Bella Jiménez.
El noveno miembro de la Comisión de Desarrollo Económico que tramitará el proyecto de reforma tributaria de Guillermo Lasso es Carlos Víctor Zambrano Landín de la alianza Unión por la Esperanza (UNES) que aglutina a los correístas.
Con esta reforma tributaria, el Gobierno espera recaudar unos $ 1.800 millones en dos años a través de la mayor contribución de grandes empresas (con patrimonio mayor a $ 5 millones; a personas naturales y sociedades conyugales con amplios patrimonios de $ 1 millón y de $ 2 millones respectivamente. Así también se busca que paguen un impuesto más alto, pero de manera progresiva, las personas que ganan mensualmente de $ 2.000 en adelante.
La reforma tributaria que llegó con carácter de urgente en materia económica deberá ser tratada en 30 días.
El CAL había negado en primera instancia el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades por no tener unidad de materia. Por lo que el Gobierno accedió a dividirla en tres proyectos. La reforma tributaria es el primero de ellos.
En la sesión realizada la tarde del martes pasado, el CAL también avocó conocimiento de la Proforma 2022 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2022 – 2025. En este caso decidió remitir el documento a la Comisión de Régimen Económico y Tributario, presidida por Mireya Pazmiño (Pachakutik) para que inicie el trámite respectivo. La proforma también debe ser tratada en 30 días, de acuerdo a los plazos constitucionales.
El vicepresidente de esa comisión es Johnny Terán Barragán del PSC. Tres miembros son de CREO: Guido Chiriboga, Byron Maldonado y Diego Ordóñez; otros tres son de UNES: Pabel Muñoz, Blasco Luna y Ana Herrera, y también integra esta mesa Eitel Zambrano de Izquierda Democrática. (I)
Fuente: El Universo – Nota Original: LINK
