En sus últimas horas en Caracas, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha decidido abrir una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El anuncio se hizo en el Palacio de Miraflores, durante la firma de un memorándum de entendimiento con el presidente Nicolás Maduro, en el que este se compromete a cooperar con el proceso. “El fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase, no compartimos la decisión, pero la respetamos”, dijo el líder chavista en un acto televisado. Venezuela es el primer país de América Latina que será investigado por la CPI.
El memorando explica que ha concluido el examen preliminar sobre el proceso abierto en 2018 y advierte de que en esta fase no se ha identificado a “ningún sospechoso ni ningún objetivo”. Explica, además, que la investigación que comenzará ahora tiene por objeto “determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”.
El anuncio abre expectativas a centenares de víctimas de detenciones arbitrarias, así como a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de presos políticos que han denunciado torturas en las cárceles militares y del servicio de inteligencia venezolanos. Los defensores de derechos humanos han calificado la decisión como un enorme progreso en la búsqueda de justicia. El Gobierno de Maduro había emprendido a última hora una serie de reformas judiciales y comenzó un goteo de excarcelaciones con el objetivo de retrasar este paso, que golpea aún más su imagen a nivel internacional.
En el memorando, la Fiscalía Penal Internacional asegura que reconocerá los esfuerzos que el Estado haga en mejorar el sistema judicial. En diciembre pasado, la anterior fiscal Fatou Bensouda había concluido que había suficientes evidencias de que se habían cometido crímenes que correspondía investigar a su jurisdicción. El pase a la fase de investigación se esperaba desde el mes de junio, cuando asumió el fiscal británico. Khan retrasó su decisión hasta esta visita por invitación del Gobierno venezolano.
En su primera gira por la región, el fiscal pasó por Colombia, en donde cerró el proceso que tenía abierto el país desde hace 17 años. La semana pasada, en una entrevista con EL PAÍS, dijo que venía a Venezuela a escuchar y a entablar relaciones. “Venezuela debería estar orgullosa de haber invitado al fiscal de la CPI. No asisto sin invitación. No los visitaré como un agente clandestino”.
Este escenario era uno de los más temidos por el Gobierno, que busca derribar los cercos diplomáticos que le ha levantado la comunidad internacional en rechazo a la deriva autoritaria que vive Venezuela desde hace años y que ha ocasionado una crisis humanitaria dentro del país y otra migratoria en la región. Desde mayo de 2019, cuando la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó el país se han producido una serie de informes en los que se ha constatado la magnitud de las violaciones y el descalabro político, económico y social venezolano. El último de ellos, el segundo avance de la Misión Independiente de las Naciones Unidas, señalaba que el sistema judicial es un brazo de la represión contra la disidencia en el país.
Con la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, que el Gobierno convirtió en un importante operador financiero del entorno de Maduro, el chavismo está atorado en un nuevo callejón. Después de este golpe de la justicia, decidió retirarse de las negociaciones que había iniciado con la oposición en México como una medida de protesta. En un par de semanas se medirá en unas elecciones locales y regionales en las que participará la oposición y que tendrán observadores internacionales después de 15 años de veto, pero en un ambiente de mucha desmovilización social. Ahora, además, debe enfrentar el revés de la investigación en La Haya.
Fuente: El País – Nota Original: LINK
