En el segundo día de comparecencias la mesa de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional recibió a representantes del sector productivo y de gremios empresariales que presentaron sus observaciones al proyecto urgente de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que se centraron en la implementación de nuevas cargas impositivas al patrimonio, la tabla tributaria y la eliminación de las deducciones, por lo que plantearon un pacto fiscal.
Destacaron del proyecto la eliminación del IVA y el ICE para algunos productos de consumo, aunque la representante de las pequeñas y medianas empresas propuso la inclusión de insumos para la producción.
Las comparecencias continuarán el próximo lunes con la presencia de las autoridades económicas del Gobierno a partir de las 09:00, cuya sesión será presencial e indelegable, anunció la legisladora Wilma Andrade (ID), quien está encargada de la presidencia de la mesa.
En la sesión de este 6 de noviembre, por unanimidad, la comisión aprobó una moción planteada por el legislador César Rohón (antes de PSC), para que en la mesa técnica de apoyo conformada por representantes económicos del Gobierno y de la comisión legislativa, se incluya también a delegados del sector productivo, académico y de la ciudadanía.
Felipe Ribadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, señaló que se debe replantear la nueva contribución a las empresas que se propone en el proyecto porque compromete la capacidad de reactivación, y además dijo que establecer una mayor carga impositiva a los hogares deteriora la capacidad de consumo y formalización tributaria, por lo que planteó la necesidad de un pacto fiscal que aliente la seguridad jurídica, reactivación e inversión.
Dijo que es necesario que la reforma tributaria se sintonice con el momento económico para precautelar los empleos y sobre todo las fuentes generadoras de empleo.
Que gravar el patrimonio es antitécnico, pues la reforma no distingue empresas que tengan pérdidas con empresas que tienen bajo nivel de liquidez.
Ese pacto fiscal, según Ribadeneira, permitirá obtener seguridad jurídica lo cual alentará la atracción y generación de inversión, una planificación tributaria con corresponsabilidad.
En este pacto el Estado debe dar muestras de un manejo responsable de recursos públicos, el sistema tributario debe alentar simplicidad, formalidad y reactivación económica, y tiene que haber un manejo eficiente en gasto y del sistema de compras públicas.
El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Loaiza, destacó como positivo del proyecto la facultad que tendrá el presidente para reducir el IVA en feriados, en el sector del turismo; así como la facultad para la reducción del ICE. También resaltó la eliminación del IVA e ICE en algunos productos y servicios; la eliminación del pago del impuesto a la herencia a los beneficiarios dentro del primer grado de consanguinidad y a los cónyuges supervivientes; igualmente, la inclusión de mecanismos de mediación tributaria.
Las críticas al proyecto desde la CCQ están en el capítulo del impuesto al patrimonio, pues consideran que los principales afectados se encuentran en el sector comercial e industrial quienes asumieron más del 50 % de las pérdidas en el año 2020. Que la reforma no solo golpea a las empresas grandes, casi el 20 % de las empresas son pymes, esto es, 550 empresas.
Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, propuso que en la Ley urgente se considere incluir una reducción del ICE a las armas para que las compañías de seguridad privada puedan fortalecerse más y sumar esfuerzos en la lucha contra la delincuencia, inseguridad ciudadana y violencia en general.
El Consejo de Cámaras de la Producción a través de su presidente, Felipe Espinosa, indicó que las contribuciones que se plantean en el proyecto deben ser temporales y no deben comprometer la liquidez de las empresas, de lo contrario la reactivación económica y la generación de empleo van a tardar mucho más tiempo. El incremento del impuesto a la renta no debería ser mayor de dos años, y la deducción de gastos debería mantenerse al menos en los rubros más importantes como salud y educación, anotó.
En el tema de impuesto patrimonial, el Consejo de Cámaras considera que debe haber una diferenciación en las tierras agrícolas y la propiedad urbana, así mismo debe haber una tabla diferente en cada uno de los impuestos.
Gabriela Borja, presidenta de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, manifestó que las pequeñas y medianas empresas (pymes) necesitan del apoyo del país para mantener el 60 % de generación de empleo que este sector aporta, pues muchas enfrentan deudas, por lo que planteó la inclusión de créditos a tasas bajas y refinanciamiento de deudas que mantienen con el IESS y el SRI.
En cambio, Víctor Murillo, vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior, Aduanas e Inversiones, sostuvo que el proyecto es muy positivo en general porque según el objetivo de la propuesta es dar sostenibilidad fiscal, pero para que sean sostenibles las finanzas públicas, el sector privado en el futuro tiene que tener capacidad contributiva, pero así mismo tiene que haber devolución por parte del Estado. (I)
Fuente: El Universo – Nota Original: LINK
