Daniel Ortega, ministro del Ambiente, afirmó en Notimundo que el Gobierno Nacional y el Ministerio del Ambiente han actuado en el marco del cumplimiento de las leyes en el caso del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa). “No existe una decisión autoritaria, respetamos la Constitución, la Procuraduría es la primera instancia de control”, precisó.
Indicó que desde el inicio no existió “la voluntad de los equipos jurídicos del Instituto de rectificar y modificar los actos, según lo señalado por el Procurador General del Estado”. “Desde noviembre de 2015, el Secretario Jurídico de la Presidencia indicó que hubo un pago excesivo. Hemos establecido diálogos con el Issfa pero jamás encontramos la voluntad de rectificar”, agregó.
Explicó que el Procurador tiene la facultad de controlar los actos y solicitar enmendarlos, el Contralor tiene la función de analizar si existieron irregularidades o responsabilidades. Por tanto, la primera instancia que hay que obedecer es al Procurador. Para el Ministro, el caso no es de un ente privado, sino entre instituciones públicas. “Una vez en conocimiento del dictamen del Procurador, ambas partes debían concurrir a atender su solicitud”, puntualizó.
Según el funcionario, no existe una motivación de afectar el nivel de las pensiones pero sí es importante “que la ciudadanía conozca que el Estado subsidia el 60 % de esas pensiones, y ese dinero viene de los ecuatorianos”. Además aseguró que el Estado garantiza las pensiones y en el caso de hacer una reducción se hará de los nuevos fondos que se transferirán al Issfa.
