Un juez ha abierto este sábado un nuevo proceso penal contra el expresidente peruano, Alberto Fujimori, ingresado desde octubre en una clínica de Lima, y cuatro ex altos cargos de su segundo Gobierno, en la década de los noventa, por el escándalo de esterilizaciones forzadas. Durante este periodo se realizaron más de 340.000 ligaduras de trompas y 24.000 vasectomías como política de reducción de la pobreza. Los especialistas consideran que al menos 180.000 de estas, practicadas en dos años, fueron violatorias de los derechos humanos. El caso, que ha tardado 12 años en llegar a la fase penal, pretende brindar justicia a 1.307 denunciantes, la mayoría de ellas mujeres y hombres pobres e indígenas. Esta es la primera vez que el escándalo supera las barreras judiciales, pues causas similares fueron archivadas.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público en 2009. El juez Rafael Martínez escuchó en marzo los argumentos del fiscal, Pablo Espinoza, de la acusación contra el autócrata de 83 años, los exministros de salud Antonio Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong, además de otros funcionarios. En septiembre, el magistrado inició la resolución. La mañana de este sábado se ha anunciado la apertura de una investigación judicial en contra de los políticos mencionados además del exasesor sanitario, Ulises Jorge, como “autores (de delitos) por dominio en aparato organizado de poder, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos”.
El juez sustentó en audiencias anteriores la teoría del “hombre de atrás” en cientos de documentos de archivo de las entidades públicas y testimonios de las víctimas e imputados obtenidos por el Ministerio Público. Explicó que cada empleado de la sanidad que reclutó a la fuerza o con engaños a hombres y mujeres para someterlos a las cirugías sabían que la “anticoncepción quirúrgica” era una prioridad para Fujimori y los exministros. Corrían el riesgo de ser despedidos si no alcanzaban una cuota mensual de personas esterilizadas o no podían obtener beneficios como bonificaciones o viajes, ofrecidos si se llegaba a una meta. Con el fin de persuadir a las mujeres, los trabajadores las amenazaban con que perderían ayudas sociales o de alimentación, o con no entregarles los documentos de sus bebés recién nacidos. O directamente denunciarlas a la policía si no aceptaban el procedimiento.
El fiscal Espinoza presentó 187 documentos y declaraciones para imputar a Fujimori y los exfuncionarios por las lesiones que provocaron la muerte a varias mujeres, entre ellas Mamerita Mestanza y Celia Ramos, cuyos expedientes llegaron al sistema interamericano de derechos humanos. El juez Martínez ha fijado un plazo de 120 días para la fase de instrucción, en la cual se deben reunir las pruebas del delito. Más adelante podría llegar el juicio oral.
La primera organización de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas fue fundada en Anta, región Cusco. Rute Zúñiga es una de las antiguas denunciantes y dirige la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas en el distrito. Esta mañana las integrantes de la agrupación han seguido en sus teléfonos móviles las sesiones de la audiencia judicial, que tuvieron una interpretación al quechua. La activista María Esther Mogollón, quien desde los años 90 recopiló testimonios de las víctimas, informó que este sábado no había electricidad en Anta para que pudieran conectarse a la transmisión en Internet.
Fuente: El País – Nota original: LINK
