El informe, que no tiene el carácter de vinculante, fue aprobado por unanimidad la noche del viernes 11 de febrero del 2022 y deberá ser enviado a los 137 legisladores para una resolución, que depende de 92 votos.
Entre quienes tienen un resultado favorable figuran el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, y Jaime Vargas, quien le antecedió en el cargo. También están otros dirigentes como Marlon Vargas Santi y Severino Sharupi.
Figuras del correísmo, también en la lista
Asimismo, hubo informe favorable para la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el parlamentario andino, Virgilio Hernández, el exasambleísta Yofre Poma, el exasesor Cristian González, todos de las filas del correísmo. Y también 27 personas procesadas por la quema de la sede de la Contraloría General del Estado.
Esas personas enfrentan cargos que van desde paralización de servicio público, rebelión, sabotaje, destrucción de registros, hasta secuestro y terrorismo. La Comisión consideró que se trata de criminalizar hechos políticos y el derecho a la resistencia y protesta social.
“Sabremos defender el trabajo que se ha hecho en esta Comisión con la altura, dignidad y responsabilidad que se merece en el tratamiento de estos casos”, dijo Mario Ruiz, asambleísta de Pachakutik, quien sustentará estas causas ante el Pleno.
Las peticiones se dividen en cuatro capítulos: personas judicializadas por ejercer los derechos a la resistencia y protesta social en octubre de 2019; defensores de los territorios comunitarios; administración de justicia indígena; y, defensores de los derechos de la naturaleza. En el informe hay cerca de 300 casos.
Atribuciones
El artículo 120 de la Constitución, en su numeral 13, dice que la Asamblea tiene la atribución de conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes.
Sin embargo, precisa que “no se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia”.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
