En un comunicado la Procuraduría señaló que el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Quito negó a la empresa fiscalizadora Asociación Consultora CFE-PYPSACVA-ICA su pretensión de cobrar al Estado ecuatoriano USD 2’025.275,35 por supuestos valores indebidamente retenidos al consorcio Cocasinclair EP (hoy Celec EP).
La fiscalizadora está compuesta por la Comisión Federal de Electricidad de México (CFE), el Grupo Profesional Planeación y Proyectos S.A. de C.V. (PYPSA), la Consultora Vera y Asociados C.LTDA. (CVA) e Ingenieros Consultores Asociados CIA. LTDA. (ICA).
Según la Procuraduría, los más de USD 2 millones que pretendían ser cobrados corresponderían al reembolso de gastos por la renovación de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de buen uso del anticipo previstas en el “Contrato de gerenciamiento y fiscalización del contrato para el desarrollo de ingeniería, aprovisionamiento de equipos y materiales, construcción de obras civiles, montaje de equipos y puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair (1 500 MW)”.
La Procuraduría indicó que alegó, principalmente, la caducidad del derecho para demandar de la empresa fiscalizadora.
Además, propuso la improcedencia de la demanda y la falta de derecho para plantear su acción. Mediante laudo dictado el 27 de enero de 2022, el Tribunal Arbitral acogió la excepción de caducidad propuesta por la Procuraduría y negó la demanda en todas sus partes.
La entidad defensora del Estado recordó que la demandante, empresa a cargo del gerenciamiento y fiscalización del proyecto Coca Codo Sinclair, recomendó al Gobierno de Rafael Correa la recepción provisional de esa obra, pese a que, a partir del año 2014, se detectaron fisuras en los distribuidores de agua.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
