“La institución, como le corresponde en todos los casos, según lo dispone el artículo 580 del Código Orgánico Integral Penal, llevará adelante una investigación objetiva que reúna elementos de convicción de cargo y descargo, que le permitan decidir si formula una imputación”, se reseñó en una comunicación oficial publicada la tarde de este domingo, 27 de marzo.
Aunque no menciona a quiénes se investigará, recordó que el proceso es reservado e hizo un llamado a los ciudadanos que puedan “aportar con elementos que contribuyan al desarrollo de esta investigación, a que los pongan en conocimiento de la institución para procesar a los responsables y evitar la impunidad”.
#ATENCIÓN | Con relación a la denuncia presentada por el Presidente de la República, respecto a presuntos actos de corrupción, #FiscalíaEc informa a la ciudadanía (comunicado) ⬇️ pic.twitter.com/yddhb41CyO
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 27, 2022
El sábado último, el jefe de Estado remitió a la titular de la Fiscalía, Diana Salazar,una carta en la que expone que los asambleístas de la bancada de PK: Rosa Cerda, Gisella Molina, Édgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla; y el asesor legislativo de este último, Marcelo Rosero, habrían pedido “beneficios económicos para sí a cambio de consignar su voto a favor del proyecto de Ley de Inversiones”.
“Esto es gravísimo, señora fiscal, y ante ello no puedo permanecer silente. Primero porque traicionaría mis obligaciones como presidente de la República, así como la confianza que ha depositado en mí el pueblo ecuatoriano para desterrar la deshonestidad como nefasta práctica de la política ecuatoriana”, sentenció el jefe de Estado, en el oficio presidencial suscrito el 26 de marzo.
Dichos beneficios económicos habrían sido solicitados a los colaboradores de Lasso, durante el mes de marzo, en una reunión de carácter político para buscar respaldos al cuerpo legal.
“Esto es gravísimo, señora fiscal, y ante ello no puedo permanecer silente. Primero porque traicionaría mis obligaciones como presidente de la República, así como la confianza que ha depositado en mí el pueblo ecuatoriano para desterrar la deshonestidad como nefasta práctica de la política ecuatoriana”, sentenció el jefe de Estado, en el oficio presidencial suscrito el 26 de marzo.
Dichos beneficios económicos habrían sido solicitados a los colaboradores de Lasso, durante el mes de marzo, en una reunión de carácter político para buscar respaldos al cuerpo legal.
