No obstante, en una consulta realizada por Notimundo al abogado Ramiro García, este explicó que eso no ocurrirá pues ninguna de las partes está demandando la anulación del contrato. El jurista aseguró que la intervención de un juez servirá para dirimir entre las partes y determinar si se pagó en exceso o no.
García indicó también que no es facultad del Presidente ordenar el débito de los 41 millones de dólares que considera se pagaron en exceso y que una vez exista una orden judicial para ello las FF.AA. podrían incluso seguir acciones judiciales en contra de quienes consideren les causaron un perjuicio, finalizó.
