Entre sus hallazgos más relevantes está que Ecuador, en el 2021, fue el segundo país de donde más droga salió para Europa y EE.UU. De hecho, las investigaciones internacionales indican que el 88% de la droga que llega al país tiene como su destino final a otra nación.
En este contexto, Guayaquil se sitúa como uno de los cuatro puertos que más utilizan las mafias para el envío de estupefacientes en la región. Otras terminales colombianas como Buenaventura, Cartagena y la brasilera de Manaos completan esa lista.
Ecuador y Colombia son parte de la denominada ‘Ruta del Pacífico Oriental’ que tienen las bandas narcodelictivas. En los últimos dos años, las mafias internacionales se han movilizado por esta zona debido a una tendencia creciente para alcanzar África y parte de Asia.
Esto ha generado que grandes carteles necesiten apoderarse de territorios para armar sus estructuras logísticas. Y en Ecuador, esto ha sido tan violento debido a una reestructuración del escenario delictivo tras la fragmentación de Los Choneros, en el 2020. En diciembre de ese año, su jefe máximo, alias ‘Rasquiña’, fue asesinado.
Dos años después, Ecuador está en medio de una disputa de una veintena de organizaciones delictivas. Así lo confirman agentes de Antinarcóticos y de Inteligencia de la Policía Nacional.
Esa guerra de bandas, entre el 2020 y el 2022, ha cobrado la vida de 6 368 muertes violentas en todo el país. Las estadísticas reflejan que 74 de cada 100 crímenes sucedieron en Guayaquil, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro.
Los informes de la Presidencia de la República confirman que ha impacto delictivo crecido la inseguridad y el avance de las organizaciones criminales en los últimos dos años. El Gobierno ha admitido que la estructura numérica de la Policía “no permite asignar la cantidad suficiente de efectivos policiales a las provincias más afectadas por las organizaciones delictivas sin que eso impacte seria y negativamente en otras zonas del territorio nacional, pues para aumentar la dotación de agentes en una zona o subzona es necesario retirarlos de otra”.
Acciones del Gobierno
Para evitar la escala de violencia, el presidente Guillermo Lasso ha tenido que activar tres estados de excepción por temas de seguridad en sus primeros 15 meses de gestión. A través de estos decretos ha contado con el apoyo de Fuerzas Armadas en el control del orden público en las calles.
Pero para especialistas en derecho, como Pamela Chiriboga, estas medidas están lejos de ser una solución al problema. Para ella, el Gobierno ha demostrado que su política está basada en reaccionar a los hechos de violencia, mas no tratarlos interinstitucionalmente.
El Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil también tiene el mismo criterio. Para este ente, los anuncios de la implementación de más policías no es una solución.
De esto también conoce la Presidencia. En los decretos de los últimos cuatro meses se ha mencionado que en al menos siete parroquias de Guayas, Manabí y Esmeraldas “existe mayor actividad delictiva y presencia directa de organizaciones criminales”.
Operativos antidrogas
Pero para la Policía y el Gobierno, parte del combate a las bandas es atacar su economía. Por eso, en el 2021 decomisaron 210 toneladas de droga y este año ya van otras 123 toneladas.
Estas acciones han sido resaltadas por la Oficina de las Naciones Unidas y han señalado al Ecuador como el primer país en decomiso de droga. Sin embargo, detrás de las incautaciones existe un problema de fondo sobre la destrucción de este material.
Físicamente, en el país existen dos gestores ambientales para la incineración de los estupefacientes. Están en la Sierra, pese a que la mayor cantidad de droga se decomisa en la Costa. Esto genera inconvenientes de seguridad para la movilización de los cargamentos.
En lo que va del año ya se han destruido 131,8 toneladas. Esa droga corresponde a operativos de este y de otros años, pues existen demoras para ordenar la destrucción. El Código Penal establece un plazo de 15 días, pero en la práctica esto no se cumple.
Las fallas no solo se concentran en este tema. El tráfico de armas y explosivos también ha crecido. De hecho, solo en este año se han registrado 145 atentados con artefactos explosivos. 72 de estos ataques se perpetraron en nueve distritos de Guayaquil.
Asimismo, las mafias han atacado a estructuras de seguridad estatal. Como ejemplo está el daño al radar de Montecristi. En noviembre pasado, este equipo presentó un ataque con un explosivo. El alcance para vigilar el ingreso de avionetas narcodelictivas era de 220 millas. Nueve meses después de esos hechos, aún se desconoce los detalles de lo ocurrido.
Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK
