El equipo de defensa de Yunda recibió la notificación la tarde del 7 de octubre. Meza cuestiona la demora de la Fiscalía para abrir la investigación previa. La denuncia fue presentada con base a una notificación del juez sustanciador del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Richard González, emitida el 2 de septiembre de 2022.
Después de esta investigación se espera resolver si se ratifica o no la sentencia del 19 de agosto del TCE, en la que se ordenó sancionar a Yunda con dos años de suspensión de sus derechos políticos. Actualmente, Yunda mantiene su calidad de candidato pues su inscripción fue aceptada por el Consejo Nacional Electoral.
González debe elaborar el proyecto de sentencia para atender las peticiones de nulidad y los recursos horizontales de aclaración y ampliación, presentados por Guarderas y los Conjueces Ocasionales del TCE, Jorge Baeza, Solimar Herrera y Francisco Hernández. Pero antes, González solicitó a la Fiscalía iniciar la investigación por “serios indicios de que se irrespetó la independencia judicial y la imparcialidad del Tribunal”.
“Mientras no exista una investigación sobre el fraude procesal, que puede demorar de acuerdo al COIP (Código Orgánico Integral Penal) entre uno y dos años, la candidatura de Yunda y si llega a tener la confianza de Quito, tranquilamente puede convertirse en el nuevo alcalde”, declaró Meza.
Presuntos indicios
Los presuntos indicios de la denuncia se fundamentan en “hallazgos” de González. En la notificación del Juez Sustanciador se explica, por ejemplo, que el archivo digital Word, discutido y aprobado por el Tribunal que dictó la sentencia de mayoría (Conjuez Ocasionales Jorge Baeza, ponente del proyecto de sentencia; Solimar Herrera; y Francisco Hernández), señalaba en sus metadatos/propiedades como autor a Diego Zambrano.
Además, con información del propio Zambrano, señala que este fue abogado de Guarderas al inicio del proceso. Y del Municipio obtuvo que el jurista es actual funcionario de la Secretaría del Concejo Metropolitano de Quito. También constan declaraciones de Baeza de haber pedido asesoría a Zambrano para elaborar documentos borradores.
Por eso, Meza dice que no es ético, hay fraude procesal y conflicto de intereses por ser Zambrano “un subordinado de Guarderas”. Añade que “si Fiscalía encuentra que hubo delito, la sentencia de Baeza se anula”.
Según el artículo 272 del COIP, el fraude procesal es sancionado con una pena privativa de uno a tres años. El penalista Xavier Andrade explica que este delito se configura cuando una persona “haya realizado algún acto que distorsione la verdad y que por eso el Juez tome una decisión equivocada”.
Discrepa con Meza respecto al tema ético y dice que hay que diferenciarlo del ámbito penal, donde debe existir un engaño a la justicia para ser fraude procesal.
Recepción de versiones
El cronograma fijado por la Fiscalía para iniciar con la recepción de versiones arranca el 25 de octubre, a las 09:00 debe comparecer Christian Hernández, uno de los abogados de Yunda, en calidad de denunciante. La diligencia se realizará en el despacho número 4 de la Unidad de Fuero de Corte Nacional, piso 19 de la Fiscalía General del Estado, ubicada en la calle Juan León Mera 19-36 y avenida Patria, en Quito.
El alcalde Guarderas está llamado para las 10:00 del 26 de octubre. Este Diario buscó la reacción del denunciado y la posición del Municipio, pero no hubo respuesta. A las 14:30 de ese día también está citado David Carrillo, secretario General del TCE.
Gabriel Andrade, prosecretario General del TCE, debe acudir el 27 de octubre a las 09:00. El exabogado de Guarderas, Diego Zambrano, debe presentarse a rendir versión el a las 10:30 del 27. A las 14:30 de la misma fecha esta llamado Baeza.
El 31 de octubre hay más citados, los siguientes Conjueces Ocasionales: a las 09:00, Solimar Herrera; a las 10:00, Francisco Hernández; a las 11:00, Roosevelt Cedeño; a las 14:30, Juan Peña. A las 15:30 debe comparecer Richard González, juez Sustanciador.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
