Según el documento emitido por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo de Ayacucho, esta investigación preliminar se origina en la denuncia interpuesta tres abogados de esa localidad, por las muertes ocurridas durante los disturbios.
La demanda recae contra la presidenta Dina Boluarte, contra el presidente del Consejo de Ministros de ese entonces, Pedro Angulo, y contra los ministros de Defensa e Interior de ese momento, Alberto Otárola y César Cervantes, además de los mandos policiales y militares ya mencionados.
La fiscalía de Ayacucho señala en el escrito que el caso de los ministros y la presidenta denunciados ha sido derivado a la Fiscalía de la Nación por tratarse de funcionarios con protección constitucional, por lo cual, esa dependencia es la única con competencia para iniciar una investigación.
En el caso de los oficiales antes mencionados, el Ministerio Público establece una serie de diligencias a realizarse.
CNN intenta hasta el cierre de este informe obtener los comentarios de la Policía Nacional y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre esta investigación y al momento seguimos pendientes de respuesta.
En paralelo a estas denuncias, la presidenta Boluarte en una entrevista con Radio Programas del Perú, aseguró que fue difícil tomar la decisión de sacar a los militares a las calles, pero que en ningún momento ni la policía ni el Ejército salieron «a matar» sino a proteger la vida de 33 millones de peruanos.
Aseguró además que hay líderes políticos detrás de esta ola de violencia que ya ha dejado al menos 26 ciudadanos fallecidos según reportes de la Defensoría del Pueblo de Perú. Boluarte pidió calma a la ciudadanía y a los líderes violentistas, dejar de lado los revanchismos políticos.
Fuente: CNN – Nota original: LINK
