La Fiscalía tiene al menos once investigaciones en curso, abiertas entre diciembre del 2022 y enero del 2023, tras los decesos ocurridos en medio de las manifestaciones.
Hasta la fecha, según la Defensoría del Pueblo, 48 civiles y un policía perdieron la vida debido a los enfrentamientos suscitados, mientras que otros once civiles fallecieron por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo de carreteras.
Detalles
Infobae pudo conocer que se tienen dos informes sobre licitaciones y compra directa de armamento, durante la gestión del presidente Luis Arce (Bolivia), así como otro documento sobre el decomiso de una carga con el mismo contenido
Frente a una nueva etapa de manifestaciones, con un saldo de 23 heridos solo en Juliaca (Puno), el último 9 de febrero, fuentes de Infobae señalaron que diputados bolivianos cuentan con documentación sobre armamento —balas, proyectiles y otros— que presuntamente se envió de forma irregular al Perú para, posterior a ello, usarse en contra de los manifestantes en las semanas críticas que enlutaron al país.
“Muchas veces sucede que al denunciarse [un caso de] corrupción en específico (…) con base a la información que ellos mismos [el gobierno boliviano] sube, luego la bajan [de la plataforma]. Entonces, toda la información [sobre este caso] ya la tienen archivada y guardada”, comentaron.
En otros detalles, también se destacó que existen “grandes cantidades” de balas reportadas “que no se utilizan para prácticas militares, sino unas que pueden usarse para generar algún tipo de daño físico o incluso la muerte de civiles”.
“Si no son las balas de una de las compras, que son de cierto milimetraje, pueden ser las famizadas [reportadas en el] 2020 o la compra que hubo en enero del 2022 con otras [características]”, agregaron.
Se solicitó apoyo
Al menos dos congresistas de la oposición en el Perú fueron contactados por sus pares bolivianos, hace aproximadamente dos semanas, para solicitarles ayuda al respecto. Dicho pedido no fue respondido hasta el cierre de esta nota, según se indica.
Los informantes precisaron que se buscaba, a través de las bancadas en el Congreso peruano, un informe del Ejecutivo sobre las características, milimetraje, etc. de las balas usadas y reportadas en el territorio nacional durante las movilizaciones.
Este documento serviría para contrastar la información que se tiene en el país vecino con la recogida por el Gobierno de Dina Boluarte. De esta manera, se señala, se podrían determinar posibles responsabilidades de Evo Morales o Luis Arce —de quienes sospecha la oposición boliviana— en esta situación.
El titular de la Comisión de Defensa y congresista de Avanza País, Diego Bazán, negó conocer esta denuncia tras ser consultado por este medio. También se intentó recoger los comentarios de los legisladores Jorge Montoya (Renovación Popular) y Patricia Juárez (Fuerza Popular), sobre este tema, pero no se recibió respuesta.
Infobae también se comunicó con la diputada boliviana Luciana Campero, quien pertenece al grupo de representación política Comunidad Ciudadana: organización a la que se le atribuye contar con la documentación antes descrita.
La funcionaria confirmó que existen los documentos mencionados, pero evitó ofrecer más detalles al respecto y aseguró que todo se encuentra en investigación. Campero también afirmó que existe una comunicación con algunos parlamentarios, sin embargo, optó por no confirmar la identidad de ninguno de ellos.
Fuente: Nota original – Infobae : LINK
