La jueza Daniela Salazar convocó a una audiencia pública de estrados para escuchar los alegatos a favor y en contra del decreto ley de Reestructuración Empresarial, presentado por el presidente Guillermo Lasso, el pasado 7 de julio. Esta se realizará el próximo jueves 20 de julio, a las 10:30, de manera presencial y telemática.

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Con esta iniciativa, según ha justificado el régimen, se busca modernizar los procesos de quiebra de las empresas, equiparando la posición del deudor y de los acreedores en procura de la reorganización de sociedades mercantiles económicamente viables o, en su defecto, a través de la liquidación ordenada de compañías cuyo giro operacional sea inviable.

El auto con el cual avocó conocimiento del proyecto, Salazar citó a la audiencia al presidente Lasso y al superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Marcos López; otros interesados podrán también participar en esta registrándose en el correo electrónico ana.morales@cce.gob.ec hasta las 16:300 del martes 18 de julio.

Adicionalmente pidió a la academia, gremios expertos y a la ciudadanía en general a que envíen sus amicus curiae sobre la temática, los cuales se recibirán también hasta el martes 18 de julio.

Los cupos para participar en la audiencia son limitados, por lo que se informará a quienes hayan presentado amicus curiae y se hayan registrado para participar en la audiencia si su participación se considera necesaria.

Salazar también ordenó a la Superintendencia remitir un informe con su criterio sobre la urgencia económica y sobre la constitucionalidad de dicho decreto; y otro con información de cuántas compañías han entrado en proceso de disolución y liquidación en los últimos diez años, de cuántas se estima que están en riesgo de iniciar el proceso de disolución y liquidación hasta que se posesione la Asamblea Nacional, y de cuántas se han acogido a los acuerdos preconcursales regulados bajo de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.

Este es el cuarto decreto ley que envía Lasso a la Corte desde que decidió la muerte cruzada, con la cual disolvió el Parlamento y adelantó las elecciones presidenciales y legislativas.

Los tres anteriores son los siguientes: uno llamado para el Fortalecimiento de la Economía Familiar; otro para la creación de zonas francas; y otro para condonas las deudas vencidas de los créditos educativos. El primero sí fue aprobado; el segundo no; y el tercero está en trámite de la misma Corte.

Nota original: El Universo