La prisión en contra de 3 funcionarios que trabajaban en un Centro de Rehabilitación Social (CRS) fue ratificada. Los procesados habrían conformado una red de extorsión que operaba en el recinto penitenciario de Archidona, en la provincia de Napo. Carmen Q., Christian A. y José G., supuestamente, ‘limpiaban’ los expedientes de los agentes penitenciarios, a cambio de dinero.
La presunta red fue desarticulada el 21 de enero de este año por el trabajo investigativo de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria (UIP). Carmen Q. era directora del CRS Archidona y tras su desvinculación fue posesionado Jorge Lema. Otro de los involucrados fue del área de talento humano.
Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, manifestó que continúa el proceso de depuración del sistema, en contra de los actos de corrupción que vulneran la seguridad en los CRS. “Como Gobierno rechazamos enfáticamente acciones que ponen en riesgo el sistema penitenciario”. De acuerdo con cifras de la cartera de Estado, entre febrero y noviembre de 2015 se ejecutaron 711 requisas en las cárceles, hubo 308 decomisos de objetos prohibidos y 134 detenidos.
De estos 10 policías y aproximadamente un centenar de agentes penitenciarios fueron separados del sistema y puestos a órdenes de las autoridades judiciales, por su presunta participación en actos de corrupción al interior de los centros de rehabilitación. Zúñiga destacó que quienes ingresan en los CRS del país como internos, funcionarios públicos, agentes penitenciarios, policías, familiares, visitas de las personas privadas de la libertad, atraviesan los filtros de seguridad conformados por máquinas rayos X, arcos y sillas detectoras de metales, escáneres, equipos de alta tecnología que no ponen en riesgo la salud de los visitantes y servidores, y, sobre todo, evitan degradar la dignidad de quienes ingresan diariamente a los centros de rehabilitación.
