Con cuatro votos a favor y tres en contra, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el informe que deberá ser enviado a la Corte Constitucional (CC) sobre las actuaciones que mantuvo el organismo respecto a la fiscal general, Diana Salazar. Desde esta institución se descarta haber realizado acción alguna sobre el proceso de designación de la primera autoridad de la Fiscalía hecho por el Consejo de Participación Transitorio.
En el documento se afirma que el organismo trató presuntas afectaciones a la participación ciudadana, actos u omisiones que generen corrupción denunciados por la ciudadanía contra la fiscal Salazar, lo que llevó a que el pleno del CPCCS se pronunciara sobre las recomendaciones hechas respecto a un presunto tráfico de influencias y supuestas faltas de integridad y ética académica en la elaboración y publicación de obras académicas por parte de la titular de la Fiscalía.
La aprobación del informe dada en la sesión extraordinaria número 14 de este sábado, 16 de septiembre, llega una vez la CC notificó el auto de inicio de verificación de la causa 0219IC/23 el 13 de septiembre de 2023. En el punto seis del auto se ordena al pleno de CPCCS que, en el término de 72 horas contadas a partir de la notificación, remita un informe pormenorizado de sus actuaciones respecto del proceso llevado a cabo por la institución en contra de la fiscal general del Estado.
Mariangel Muñoz, secretaria técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, presentó el informe al pleno y arrancó aclarando que la institución como tal no sigue procesos en contra de ninguna persona, sino en atención a denuncias o pedidos que se presentan desde la ciudadanía.
En el informe se destaca la competencia que tiene el CPCCS en lo que tiene que ver con la transparencia y lucha contra la corrupción. Se habla de los antecedentes y se explica lo que habría hecho el Consejo de Participación a través de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, específicamente en lo que tiene que ver con la admisión de la denuncia y el proceso de investigación.
“Lo realmente importante que hay que aclararle a la CC y dejarle absolutamente claro para que no quede nada de duda es que en el informe de calificación el subcoordinador (nacional de Admisión y Orientación Jurídica) indica que, en observancia al dictamen 0002-19-IC/19 de la CC, el proceso de investigación no corresponde al ejercicio de autotutela para revisar las decisiones tomadas por el CPCCS Transitorio”, señaló Muñoz en su exposición.
En el documento aprobado por los votos del presidente del organismo, Alembert Vera, y los consejeros Augusto Verduga, Johanna Verdesoto y Yadira Saltos se incluyen informes de diversas áreas y direcciones que participaron en el análisis de la denuncia presentada por el colectivo Acción Jurídica Popular en contra de la fiscal Diana Salazar por supuestos plagios en su tesis doctoral de cuarto nivel y tres artículos académicos.
Entre las conclusiones del informe aprobado se resalta el ejercicio de la competencia que tiene el CPCCS para investigar denuncias ciudadanas, dejando en claro que en este caso de denuncia se excluyó todo tipo de revisión, análisis del proceso de selección de la autoridad de la Fiscalía General del Estado que estuvo a cargo del Consejo de Participación Transitorio.
“El CPCCS y su pleno no ha ejercido ninguna actividad o actuación en contra de Diana Salazar, fiscal general de Estado, y en este marco en contra de ninguna autoridad o funcionario público. De la misma manera, no se ha generado ninguna acción contraria a los dispuesto por la CC en su dictamen interpretativo 0002-19-IC/19″, señala una de las conclusiones del documento aprobado.
Los consejeros Mishel Calvache, Andrés Fantoni y Nicole Bonifaz, vicepresidenta del organismo, votaron en contra del informe por enviarse. Esta última criticó el que se pretenda aprobar un informe de la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción sin que este o sus anexos hayan sido verificados por los miembros del pleno del CPCCS de manera integral y oportuna; mientras que Fantoni señaló que votaba en contra en consecuencia con lo que dijo hace unos meses: que todo esto le parecía un show.
Vera dispuso que se incorporen al informe los dos puntos solicitados por la consejera Verdesoto y se envíe inmediatamente la respuesta aprobada por cuatro votos del pleno del Consejo de Participación hasta la Corte Constitucional para así no transgredir las 72 horas de plazo dadas al organismo. (I)
Nota original: El Universo
