«Los avances son innegables y podemos estar optimistas de que este proceso de reconstrucción concluirá pronto. Lo más importante es que estamos mejor preparados y no hemos reconstruido para dejar las cosas como estaban, sino para hacerlas mejor», dijo Bachelet en la localidad de Lipimávida, en la región del Maule.
Esa es una de las seis regiones del centro y sur del país afectadas por el terremoto, de magnitud 8,8 en la escala de Richter, que fue seguido por un tsunami que mató unas 150 personas de las 526 víctimas que dejó el cataclismo.
El cataclismo provocó también cuantiosos daños en infraestructuras y arrasó con más de 225.000 viviendas, pérdidas valoradas en 30.000 millones de dólares.
La mandataria entregó en Lipimávida las escrituras de sus nuevas viviendas a 63 familias damnificadas por el tsunami y admitió que el proceso de reconstrucción fue más lento de lo que le hubiese gustado, pero son procesos largos y costosos que necesitan su tiempo.
Bachelet afirmó que hasta diciembre de 2015, entre el gobierno del conservador Sebastián Piñera (2010-2014) y la actual administración han solucionado los problemas de vivienda del 98 % de los damnificados, y se han llevado a cabo el 86 % de las obras de infraestructura, mientras que los trabajos restantes están en ejecución.
La presidenta enumeró los desastres naturales que han afectado a Chile durante los últimos años, entre terremotos, inundaciones, incendios y erupciones volcánicas, y resaltó la necesidad de contar con una política de Estado para afrontar este tipo de situaciones.
En ese sentido, anunció la creación de un comité de ministros que estará a cargo de la reconstrucción, el cierre y el aprendizaje en cada una de las catástrofes que han ocurrido en el último tiempo.
El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y la de Vivienda, Paulina Saball, también se desplazaron al sur del país para conmemorar en terreno el sexto aniversario del terremoto.
Según cifras que publican hoy medios locales, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) recibió 63 demandas de las familias de víctimas del tsunami por la fallida alerta de la emergencia.
Seis años después de la tragedia, 52 de las demandas siguen vigentes y le reclaman al fisco chileno indemnizaciones valoradas en más de 91.000 millones de pesos (unos 130 millones de dólares).