En una audiencia cautelar, la juez Margot Pérez dispuso la detención preventiva de la empresaria en la cárcel de mujeres de Obrajes, en La Paz, informó el fiscal Edwin Blanco, a cargo de la investigación, según un comunicado del Ministerio Público.
Zapata es investigada por los supuestos delitos de «legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad».
En la audiencia, la Fiscalía alegó que se ha evidenciado una actividad económica sospechosa superior a los 10.000 dólares en cuentas bancarias de la mujer.
«Se esperaba que en la audiencia Zapata demuestre que esos ingresos son legales, pero no se ha presentado ningún elemento que acredite el fin lícito de todo el dinero que ella ha obtenido», indicó Blanco.
Añadió que se demostró que Zapata utilizaba los ambientes de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia para reuniones personales con empresarios extranjeros en complicidad con dos funcionarios de esa oficina gubernamental que también son investigados.
Por esas razones y ante algunas evidencias de su posible fuga, la Fiscalía pidió la detención preventiva de la mujer.
La decisión judicial se produjo en medio de una polémica sobre la existencia del hijo que el presidente Morales y Zapata tuvieron en 2007 y de quien inicialmente se dijo que había fallecido.
El caso estalló a principios de mes, cuando el periodista Carlos Valverde reveló que Zapata trabajaba en la empresa china CAMC Engineering (Camce) y denunció un supuesto tráfico de influencias en la adjudicación de millonarios contratos estatales a esa firma, la mayoría por invitación directa tras haberse descartado licitaciones.
Morales admitió la relación con Zapata y que tuvieron un hijo, pero aseguró que el menor falleció poco después de nacer.
La polémica resurgió en las últimas horas después de que una tía de Zapata y su abogada afirmaran que el niño está vivo.
El mandatario no ha hecho declaraciones aún sobre esta versión.
En su agenda pública de hoy estaban previstos dos eventos, uno en La Paz que fue cancelado por una intensa lluvia, mientras que se desconoce si el segundo, anunciado en Santa Cruz (este), llegó a efectuarse o no.
En representación del Gobierno se pronunció la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia, quien emplazó a Zapata a que presente este lunes al niño ante un juzgado para demostrar que está vivo.
Según Valdivia, la «información oficial» que tiene el Gobierno es que el presidente Morales sabía que el niño nació en 2007 pero que «le comunicaron que este hijo estaba enfermo» y que falleció.
La autoridad indicó que si el hijo del gobernante está vivo, «la gran pregunta» es por qué Zapata no informó a Morales sobre su existencia.
Indicó que si el menor falleció en 2007, la empresaria «le está mintiendo al pueblo boliviano» para evitar que continúe la investigación que se le sigue por supuesta corrupción.
Valdivia advirtió de que si se comprueba que el menor murió, el Ejecutivo demandará a Zapata «por difamación y por calumnia» porque se está afectando la imagen del primer mandatario.
El líder de la fuerza opositora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, opinó en Twitter que las declaraciones de Valdivia, «en lugar de aclarar» las cosas, agregaron «dudas sobre cuestión que involucra al Presidente» y consideró que ahora solo cabe que Morales «diga su palabra».
También vía Twitter, el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) señaló que el país «merece saber TODA la verdad» porque el mandatario «representa fe del Estado» y dijo que el país necesita escuchar la versión de Morales «ahora».
Cuando estalló la polémica, las autoridades acusaron al Gobierno de EE.UU. de estar detrás de las denuncias para mermar la credibilidad del mandatario ante el referendo celebrado el domingo pasado.
En esa consulta, la mayoría de los bolivianos rechazó una reforma constitucional que iba a permitir al gobernante volver a postular en las elecciones de 2019 en busca de un cuarto mandato hasta 2025.
El Ejecutivo rescindió uno de los contratos con la empresa china alegando el incumplimiento de la obra y le sancionó con el cobro de unas garantías bancarias por 22,8 millones de dólares, además de prohibirle presentarse a nuevas licitaciones estatales en los próximos tres años.
Para las autoridades, estas decisiones y el pedido de Morales de que se investiguen los procesos de contratación de Camce demuestran que no hubo favoritismo con la firma asiática.
