El ranking se elabora con la participación de más de 30 organizaciones de la sociedad civil de quince países de la región. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo es la contraparte ecuatoriana.
Según el análisis, en el tema normativo al Legislativo le hace falta contar con una legislación sobre cabildeo o lobby al interior de la propia entidad. Esto, para que los acuerdos y negociaciones sean transparentes y que incluso la ciudadanía pueda acceder a aquello.
Sobre la labor de la Asamblea, el estudio señala que, por ejemplo, no hay un documento oficial y público que registre las faltas y asistencias al pleno; no se difunden las votaciones que se producen al interior de las comisiones especializadas; y tampoco hay un registro de los regalos y presentes que reciben los legisladores. Conocerlo puede ayudar a detectar si alguno tiene conflictos de interés en determinados temas.
Otro parámetro que se midió es la participación ciudadana y se encontró que no se fomentan consultas y audiencias públicas con la ciudadanía para conocer sus intereses; no existe un verdadero plan de Parlamento Abierto.
“Se observa una publicación incompleta de información acerca de los Asambleístas, habiendo transparentado en un 50% sus planes, programas de trabajo y antecedentes profesionales”, dice el informe. Todas esa falencias hicieron que el año que concluye la Asamblea alcance una calificación de 42,5%.
Nota original: Expreso
