El Gobierno decretó estado de excepción para esas cinco provincias debido a “la persistencia del conflicto armado interno” que está vigente desde el 9 de enero de este año.
En el marco de ese Decreto Ejecutivo, se llevaron a cabo diversos operativos contra la delincuencia organizada en las cinco provincias. Uno de ellos fue el denominado ‘Cero Impunidad 1’, que resultó en el arresto de más de un centenar de personas y el decomiso de más de una tonelada de droga. Según el Comandante General de la Policía, César Zapata, los grupos delictivos más afectados por esta operación fueron Los Choneros y Los Lobos.
Sin embargo, la Corte Constitucional señaló que para la declaratoria de un nuevo estado de excepción, la Presidencia tampoco justificó el ámbito territorial y temporal de la aplicación, “ni que los hechos aludidos no puedan ser enfrentados a través del régimen constitucional ordinario.
El dictamen se obtuvo con el voto de la mayoría. Pero, las juezas Teresa Nuques y Carmen Corral discreparon con la resolución en su voto salvado ya que consideraron que el Decreto 250 sí está justificado y cumple con los parámetros necesarios.
Con la vigencia de las modificaciones a la Constitución, aprobadas en la Consulta Popular del pasado 21 de abril, el Ejecutivo puede solicitar el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.
